Imputan al hermano del presidente Puig por fraude en subvenciones

Instrucción 4 le cita a declarar como investigado el 10 de diciembre junto al director de Política Lingüística

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha imputado a Francisco Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano por fraude en las subvenciones, a raíz de una querella presentada por el PP por delito contra la Hacienda Pública, prevaricación y malversación de caudales públicos. Y todo ello por haber obtenido de manera irregular subvenciones para el fomento del valenciano, concedidas por los mismos conceptos, por tres gobiernos autonómicos, concretamente el valenciano, el catalán y el Gobierno de Aragón. El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado a ambos a declarar el próximo día diez de diciembre “como investigados”.

La querella incluye también a Rubén Trenzano, actual director general de Política Lingüística, al ser el responsable de la concesión de dichas subvenciones y que podría haber sido conocedor de que las empresas del hermano de Puig no cumplían los requisitos y estaban, además, duplicando facturas para optar a varias subvenciones.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha discernido finalmente sobre un conflicto de competencias acerca del juzgado competente para tramitar esta denuncia y ha decidido que lo haga el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. De este modo tres juzgados valencianos (Juzgado de Vinaroz, el TSJCV y el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia) han apreciado indicios de delitos en las subvenciones concedidas por la Generalitat valenciana a las empresas del hermano de Ximo Puig, que desde que éste gobierna, han recibido 600.000 euros en ayudas.

El PP presentó en marzo de 2019 una querella contra el Director General de Política lingüística, Rubén Trenzano y contra el hermano del presidente Puig, Francisco Javier Puig por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones por haber recibido subvenciones públicas no conforme a ley. Estas subvenciones, según los denunciantes, constituyen una auténtica trama para conseguir fondos públicos mediante gastos cruzados, alquileres fraudulentos y nóminas falsas.

Las ayudas a las productoras de la familia del presidente ya implican a cuatro consellerias (Justicia, Turismo, Educación y Presidencia), a tres comunidades autónomas (Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón) y a cinco organismos públicos que han denunciado o investigan dichas ayudas, entre ellos varios tribunales de Justicia, la cadena pública À Punt, que tuvo que paralizar una ayuda al detectar que pactaron precios, la Agencia Valenciana Antifraude o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, son dos empresas dedicadas a servicios de radiodifusión, servicios de enlace y transmisión de señales de televisión y prensa escrita y digital cuyo Administrador es Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del presidente de la Generalitat valenciana. Las dos han obtenido, desde el año 2015 hasta la actualidad, entre otras

subvenciones, 600.000 euros en ayudas económicas para el fomento del valenciano de tres administraciones: Generalitat valenciana, Cataluña y Aragón, y todas ellas

por los mismos conceptos. A pesar de recibir ayudas de diferentes comunidades para el mismo fin (fomento del valenciano) Francisco Puig Ferrer declaró no haber recibido otras subvenciones para la misma finalidad, según la denuncia del PP.

Las empresas del hermano del presidente Puig no cumplían los requisitos exigidos para la concesión de las subvenciones anteriormente citadas y, por consiguiente, las mismas no debían haberse obtenido, siempre según la denuncia. Además, la subvención no cumple con el requisito de audiencia ya que según la empresa la audiencia estimada de la televisión es de 35.000 espectadores en una población de 5.266 habitantes. Este volumen de audiencia le sirvió para obtener una subvención de 17.361,17 euros. Es decir, que todos los habitantes de la comarca ven simultáneamente el mismo canal en siete televisores distintos, a la vez.

Además, otras irregularidades detectadas son que diversos medios de comunicación comparten contenidos pero reciben subvención separadamente. Además, las dos empresas se nutren recíprocamente de contenidos de televisión y radio que se repiten todos los años.