El sector de la obra pública arrastra deudas desde 2009 por 238 millones

Construyen puentes, carreteras o rotondas, infraestructuras utilizadas por todos los ciudadanos, pero sus pagos no se pueden cubrir con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como sí ha ocurrido con otros colectivos, como los farmacéuticos. El nuevo presidente de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval), José Luis Santa Isabel, cifró en 257,8 millones la deuda que la Administración pública mantiene con las 18 empresas que conforman esta asociación. 238 millones corresponden a la Generalitat y, de éstos, cien provienen de empresas públicas como Ciegsa, Ivvsa, GTP o Epsar.

Santa Isabel admitió que el sector se siente «ninguneado», pero confía en que esta actitud cambie de cara a 2013, puesto que el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a hacer frente a las deudas pendientes y a elaborar un calendario de pagos. Este último serviría para tranquilizar a las entidades financieras.

Los contratistas solicitan también que conformen los mecanismos necesarios para que se reconozca toda la deuda pendiente, puesto que en ocasiones anteriores no se ha contabilizado por encontrarse todavía en periodo de certificación. De hecho, además de no haber cobrado un solo euro de 2012, las deudas de las obras más antiguas se remontan a 2009.

Santa Isabel afirma que no quiere pasar por delante de otros colectivos, pero sí reclama que, cuando se abra un periodo de pagos, se prevean cantidades para la obra pública.

La situación del sector es dramática. A los impagos se ha unido la caída de la inversión que este año se ha reducido en un 50 por ciento, y desde 2007 acumula una disminución del 75 por ciento. Incidió en que el Estado ha consignado un importe «ínfimo» para el próximo año, el 0,8 por ciento del PIB. «Para crear empleo necesitamos que este porcentaje aumente hasta el dos por ciento». Lamentó que en estos momentos trabajen unas 200.000 personas en la construcción, una cifra muy inferior al millón de puestos de trabajo de épocas anteriores.

La internacionalización es otro de los caminos emprendidos por los contratistas. A la Administración únicamente le piden el respaldo de la diplomacia española para hacer más fácil su implantación en otros países.