El Síndic ya advirtió en 2016 que la EMT fraccionaba contratos en contra de la ley

El PP denuncia que se trata de un proceso para evitar la fiscalización de la empresa pública y que es la «tónica» de Compromís. La investigación del fraude durará seis meses

¿Qué pudo fallar para que cuatro millones de euros de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia fueran a parar a un banco de Hong Kong? El cómo y, en principio, quién ha sido el responsable es lo que trata de averiguar el grupo de trabajo formado por los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y que hoy tuvieron su primera reunión.

También se debatirá, a petición del PP, por qué se obviaron las advertencias de hasta tres auditorías externas desde 2016 a 2018» como la que en el año 2016 hizo la Sindicatura de Comptes y en la que ponía de manifiesto «importantes debilidades de control interno e incumplimientos de la normativa aplicable».

El «Informe de fiscalización de la EMT» advertía también entonces al Ayuntamiento de ciertas prácticas poco recomendables en materia de contratación. En este sentido, el síndico señalaba que «la relación certificada de contratos menores muestra que se han celebrado diversos contratos con los mismos proveedores con objetos idénticos o muy similares cuyos importes agregados superan los límites cuantitativos de la contratación menor» establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, «lo que pone de manifiesto la existencia de indicios de fraccionamiento indebido de los contratos».

A juicio del concejal del grupo popular en el consistorio Carlos Mundina, el fraccionamiento de contratos es una «tónica de la EMT desde que está el señor Grezzi al frente, así como el abuso de contratos menores que se lleva a cabo desde que está Compromís en el Gobierno local, lo que nos hace sospechar que sea un procedimiento para eludir la fiscalización».

Mundina desmiente también las declaraciones de Grezzi sobre la «boyante» situación de la empresa pública y recordó al respecto que en el año 2015 tenía una deuda de más de 51 millones de euros, una cifra que en la actualidad asciende a más de 55 millones. Un dato «preocupante» más aún si cabe teniendo en cuenta que la aportación del Ayuntamiento ha sido de 60 a 68 millones en el mismo período.

El grupo de trabajo que investiga el pufo se reunió hoy por primera vez (durará seis meses) en un ambiente de desconfianza como la que mostró la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, al considerar que el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi no puede formar parte de esta comisión» porque no puede ser al mismo tiempo juez y parte».

Por su parte, el alcalde Joan Ribó sigue sin saber si las conclusiones de la comisión de investigación serán vinculantes, pues primero quiere ver los resultados. «En este momento no voy a hacer predicciones de futuro, vamos a dejar que la comisión pueda trabajar con la máxima libertad y eficacia, que es lo que hace falta, y luego ya lo veremos, no tengo inconveniente».

Incidió en que en el seno de la comisión se hablará de todos los aspectos relacionados con un fraude, que definió como una «estafa vulgaris» porque está realizado con un correo electrónico, un PDF y un escáner, desde aspectos cibernéticos y de la estafa «hasta los intentos de buscar responsabilidades donde no las hay».