El TSJ suspende el decreto de plurilingüismo de Marzà

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordó ayer la suspensión cautelar del Decreto de plurilingüismo impulsado por el Consell, atendiendo de esta forma el recurso solicitado por la Diputación de Alicante.

El presidente del organismo provincial, César Sánchez, aseguró que esta decisión supone un triunfo de la libertad de los padres a elegir la educación de los hijos y un acierto de la Diputación de Alicante en la defensa de los intereses y la identidad de la provincia, un territorio que es castellano y valencianoparlante y que apuesta por el inglés «como una fuente de oportunidades».

A este respecto, Sánchez acusó a la Conselleria de querer cambiar un modelo de sociedad a base de decretos, imposiciones, opresión y falta de libertad.

«No se puede construir una sociedad atacando la realidad sociológica de un territorio, de una provincia que es castellano hablante y valenciano hablante», recalcó antes de culminar que «esta provincia es donde se han producido los mayores ataques de imposición, opresión y decreto de un Consell que no habla, que impone».

La resolución no es firme y frente a la misma cabe recurso de reposición, que podrá interponerse ante el mismo tribunal en un plazo de cinco días. De hecho, Educación apenas tardó una hora en anunciar que recurrirá la suspensión del decreto.

El conseller del ramo, Vicent Marzà, defendió que el decreto tiene «toda la garantía de estar fundamentado y tener una base tanto pedagógica como jurídica». Recordó que está avalado por el Consell Jurídic Consultiu y por la Abogacía de la Geralitat.

Además dijo que las medidas cautelares no son firmes mientras la sentencia no lo sea, por lo que «no se paraliza nada».

Sánchez insistió en abrir una vía de diálogo y propuso al Gobierno Valenciano un Pacto por la Educación. El auto del TSJ plantea, entre sus argumentos, que trata de evitar la posibilidad de que los alumnos vean «disminuidos» sus derechos en cuanto a los idiomas.

La Sala apunta que es evidente que de no paralizar el decreto podrían producirse «graves daños y perjuicios de reparación imposible o difícil». Insiste en que de no suspenderse hasta que recaiga sentencia, un gran número de alumnos «podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas»

Manifiestan los magistrados antes de seguir que, pese a lo que alega el abogado de la Generalitat, «existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado».

La Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante (Concapa) considera acertada la decisión del TSJ y destaca que ha actuado con rapidez porque se trata de un asunto importante. Recuerda que miles de alicantinos se manifestaron en contra del decreto.