Fabra cierra la era de los grandes eventos, «la F-1 se pagaría con un impuesto especial»

El Consell exige un cambio de financiación autonómica para cubrir los gastos que generan los servicios básicos del Estado del Bienestar, para que todos los españoles tengan derecho a los mismos servicios y con la misma calidad, el resto de gastos, que calificó de «excesos», deberán ser las Autonomías las que busquen cómo los van a pagar. «Pondré un ejemplo, si queremos Fórmula 1 tendremos que poner un impuesto especial para pagárnoslo nosotros». Con esta afirmación, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, daba por cerrada la era de los grandes eventos.

La declaración, más contundente que en otras ocasiones, la hacía en un almuerzo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y en el que estaban presentes una buena representación de los empresarios valencianos.

Lanzaba así, su primera, que no última diferencia con su homólogo catalán Artur Mas. Aprovechó este auditorio para defender su manera de reivindicar la necesidad de un cambio de financiación. Insistió en que el Gobierno de España no se va a dejar chantajear por quien más grite e insistió en que su trabajo es «constante y silencioso, por mucho que algunos quieran que sea detrás de una pancarta».

Fabra insiste en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy maneja sus tiempos, «nadie puede dar lo que no tiene», respondió a la pregunta acerca de la fecha en la que se hará efectivo un nuevo sistema de financiación autonómica. Recordó que los compromisos del Gobierno son dos. El primero, terminar la reforma fiscal durante 2014 y a finales de ese año, el nuevo modelo de financiación.

La Administración «Fabra»

Si algún mensaje ha sido constante a lo largo de los dos años de Gobierno de Fabra, ha sido el de la necesidad de conseguir una Administración acorde a los tiempos. El presidente presume de austero, de haber emprendido un recorte sin precedentes en el sector público empresarial que permitirá que, a finales de año, queden 32 empresas y sociedades públicas, cuando la legislatura comenzó con 80. La desaparición de estas empresas pemitirán cerrar 2013 con 1.500 millones de euros de ahorro en este sector.

Así, cuando ya se da por culminado este proceso, Fabra ha decidido poner en marcha el que tiene que ver con la burocracia. Siguiendo el ejemplo de refundición de las cinco leyes y dos decretos sobre urbanismo y ordenación del territorio, que quedarán reducidos a un solo texto, avanzó que se hará exactamente lo mismo con la legislación básica de educación y también con la que afecta a agricultura, pesca y alimentación.

Lamentó que los políticos hayan tratado de justificar su trabajo mediante la aprobación de leyes, pero «¿qué pasa con las desfasadas?, está claro que no nos hacemos la foto mientras revisamos leyes» e insistió en la necesidad de simplificar la legislación.

En este sentido, anunció que durante el próximo año se abrirá una consulta para saber cuáles son las diez normas autonómicas que más dificultan la actividad empresarial y la social, con compromiso de que las conclusiones estén listas para finales de legislatura. «La sociedad ya es mayor de edad y debe colaborar.»