Fabra confía en que el Constitucional, y no un indulto, evite su entrada a prisión

El ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra prometió ayer dar batalla, política y judicial. Si la cárcel le espera, tendrá que hacerlo «una temporada larga», pues pretende presentar cuantos recursos sean necesarios para evitar su ingreso. La Audiencia Provincial de Castellón le condenó a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, pero le absolvió de los de cohecho y tráfico de influencias en el conocido «Caso Naranjax».

Para evitar su paso por presidio Fabra tiene previsto recurrir ante el Tribunal Supremo e incluso el Constitucional, «proclive al reconocimiento de la prescripción de los delitos» que se le imputan. Eso sí, de pedir el ayuda al PP, del que fue militante hasta este lunes, nada de nada. Ni indultos, ni favores. El todavía secretario general de la Cámara de Comercio castellonense solo confía en su familia y «en mucha gente del partido, la importante, la que era amiga antes y sigue siéndolo ahora». Aunque no quiso pronunciarse respecto a la retirada de apoyo del presidente Mariano Rajoy, admitió que le dolió darse de baja del partido. «Rajoy no me ha llamado, ni tenía por qué», defendía minutos antes de confirmar que tampoco ha tenido contacto estos días con el jefe del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, ni con el presidente provincial del partido, Javier Moliner.

«Ya dije que cuando hubiera un sentencia, aunque no fuera firme, me daría de baja y siempre he sido consecuente», pero reconoció que llevar a la práctica esta decisión le resultó «doloroso».

Una «cacería político-mediática sin precedentes», «una pertinaz investigación fiscal, al amparo de una campaña de descrédito continua», «infamia», «manipulación»... Fabra no dejó ayer títere con cabeza en lo que él considera sus diez años en el infierno. Una etapa que, cree, no han hecho mella en su prestigio, ya que, según su interpretación, el fallo manifiesta que su actuación política fue correcta y que «no hubo corrupción, ni cohecho, ni tráfico de influencias». Por ello entiende que no está obligado a dimitir de los cargos que ostenta en la actualidad, así que continuará como secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón y, por lo tanto, miembro del Consejo de Administración del Puerto.