Garamendi ve un «cliché del XIX» la ley de control de la jornada laboral

El presidente de la Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, opinó ayer que «los clichés del siglo XIX, como el control de horarios en las empresas, igual no sirven para el siglo XXI».

El líder de la patronal española se refería así a la nueva ley de control de la jornada laboral, recién entrada en vigor mediante un decreto del Gobierno, de la que dijo que «no aumentará la productividad» de las empresas, «taxativamente».

Garamendi hizo estas declaraciones en un desayuno-coloquio moderado por el periodista Toni Cabot y organizado por el Foro Alicante, una entidad que agrupa a entidades empresariales, académicas y de los medios de comunicación.

En palabras de Antonio Garamendi, la aplicación de este decreto va a ser «muy complicada», sobre todo en función de variables como «la flexibilidad, la conciliación familiar o el teletrabajo».

«No digo que no se persiga a quien no paga las horas extras» que corresponden a los trabajadores, continuó el mandatario empresarial aunque, según admitió, lo más correcto sería «localizar esas horas que no se pagan» y aplicar la ley sobre los empresarios en concreto que no las declaran.

«La precariedad en el trabajo, la economía sumergida o el abuso empresarial perjudican a quienes lo hacen bien», sentenció acerca del tema.

«Lealtad institucional» ante todo

Por otra parte, Antonio Garamendi pidió «lealtad institucional» al nuevo equipo que lidera la Cámara de Comercio de Barcelona y recomendó a sus responsables que «se dediquen al trabajo que tienen encomendado y no a otros que no les corresponden».

Para el líder de la patronal «hay temas en la Ley de Cámaras que son poco entendibles» y, a este respecto, dijo que no comparte que «en la Cámara de Comercio de Barcelona, el voto de un autónomo tenga el mismo peso que el de la Seat».

Además, el dirigente de la Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales incluyó el conflicto de Cataluña, al que se refirió como «problema interno del país», entre las cuestiones por las que los posibles inversores extranjeros «siempre preguntan» a la hora de realizar inversiones en España, según explicó a los medios.