La Audiencia condena a dos años y medio de cárcel por una contratación «zombi» en Imelsa

La Audiencia de Valencia ha condenado a dos años y medio de prisión a Francisco Huguet, ex alcalde de Quartell, por la contratacion «ficticia» de Emilio Máñez, en la entidad Imelsa. Dicha contratación habría dado como resultado lo que se denomina como un zombi, es decir, alguien que no acude nunca a su puesto de trabajo. Otras contrataciones similares han dado lugar a la pieza de los “zombies” de la causa Imelsa que se investiga en Instrucción 18.

En la actual sentencia, se condena tanto a Huguet como a Máñez en su condición de cooperadores necesarios en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La sentencia identifica también al autor de los delitos, si bien no puede condenarlo al estar prescrita su responsabilidad, ya que como señala la Audiencia «realmente, la autoría material de los hechos enjuiciados corresponde a Rafael Soler, gerente de Imelsa en aquella época; pero su posible responsabilidad penal está extinguida por prescripción, ya que no se dirigió la acción penal contra aquel antes de que transcurrieran diez años”.

Respecto a la actuación de Soler, explica la sentencia que “se trata de delitos especiales que solo se pueden cometer por quien ostenta la condición de autoridad o funcionario público; si bien, se viene admitiendo jurisprudencialmente la participación delictiva de quienes no ostentan tal condición, los «extraneus». Y en este sentido, considera que los dos condenados “son partícipes de ambos delitos como cooperadores necesarios”.

Además, señala la sentencia que «en cuanto a la responsabilidad civil derivada de los delitos enjuiciados, ambos acusados, conjunta y solidariamente, deben abonar a Divalterra (antes, Imelsa) los daños y perjuicios sufridos, consistentes en las cantidades que se pagaron a Emilio Máñez como salarios y el finiquito, en los términos solicitados por el Ministerio Fiscal, esto es: 61.626,7€ por los salarios indebidamente cobrados entre los meses de abril de 2005 a agosto de 2007; y 13.341,9€. por el finiquito”. Además, por los salarios percibidos desde el mes de agosto de 2003 a marzo de 2005 «en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, para lo cual deberá oficiarse a la entidad Divalterra para que certifiquen las cantidades abonadas en concepto de salarios al acusado Emilio Máñez en ese periodo».

Señala la sentencia como hechos probados que «Emilio Máñez estuvo contratado como asesor del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Valencia en el periodo 1999 a 2003, durante el cual trabajó de asesor del también acusado Francisco Huguet. Tras las elecciones municipales celebradas en el mes de mayo de 2003, Francisco Huguet fue nombrado de nuevo Diputado Provincial, pero Emilio Máñez no fue contratado en esta legislatura como asesor. Los acusados eran compañeros del mismo partido político y vecinos de la localidad de Quartell, en cuya Corporación Municipal el acusado Francisco Huguet desempeñaba el cargo de alcalde y el acusado Emilio Máñez de concejal; tenían negocios en común y les unía una relación de amistad. Para que el acusado Emilio Máñez pudiera seguir ejerciendo de facto las funciones de asesor o similares del acusado Francisco Huguet, éste contactó con el Gerente de Imelsa, Rafael Soler, para que esta entidad le contratara, simulando que la contratación era de Coordinador de Brigada Forestal, pero con la intención de que no desempeñara funciones como tal Coordinador, sino que siguiera ejerciendo como asesor del acusado Francisco Huguet».

Continúa la sentencia aseverando que Emilio Máñez nunca trabajó como coordinador de Brigadas Forestales, y siguió realizando para el acusado Francisco Huguet las mismas funciones

que ejercía en la anterior legislatura, burlando así la prohibición establecida en el artículo 104 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril. De esta manera, Máñez cobraba todos los meses, durante

esos años, el sueldo correspondiente a Coordinador de Brigada Forestal sin realizar dichas funciones, hasta que fue despedido el 22 de agosto de 2007 por el nuevo gerente

de Imelsa». Dicho nuevo gerente que refiere la sentencia no es otro que Marcos Benavent, también conocido como el «yonki del dinero», que está imputado por la trama de saqueo de Imelsa, si bien, desde su regreso a España tras una fuga de meses de duración, está colaborando con la Fiscalía Anticorrupción en el esclarecimiento de ésta y otras causas.