La desaladora de Torrevieja sólo coloca el 30% de su producción

La Confederación Hidrográfica del Segura tiene sobre la mesa la tramitación de 59 peticiones de cesión de recursos de la desalinizadora de Torrevieja, 41 para dentro de la provincia de Alicante, 16 en Murcia y dos entre ambas. Servirán para regar casi 21.000 hectáreas de cultivo.

Entre todas estas solicitudes suman 23,8 hectómetros cúbicos, una cifra que supone el 30 por ciento del total de la producción para la que está diseñada esta macroplanta, 80 hectómetros cúbicos año.

Las obras de esta desaladora comenzaron a principios del año 2007. Se convirtió en el símbolo del programa AGUA y la ministra del Gobierno de Zapatero, Cristina Narbona, prometió que estaría en funcionamiento a finales de 2008. Formaba parte de la lista de infraestructuras que iba a dar agua a la Comunitat «más fácil, más pronto y más barata» que la del trasvase del Ebro.

Costó 300 millones de euros, un 20 por ciento de los cuales procedían de fondos europeos. Esta subvención obliga a ponerla en funcionamiento antes de 2019, aunque se financió a cuenta del programa 2007-2013 se solicitó una prórroga debido a las dificultades para conseguir usuarios.

Nuevos regadíos

Tanto es así que la premura por dar viabilidad a la planta ha hecho chocar a dos organismos dependientes del Ministerio de Medio Ambiente. Por un lado, la encargada de su construcción, Acuamed que, según denunciaron ayer Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), ha presentado un documento con el que pretende conducir hasta 15,6 hectómetros cúbicos de agua desalada de Torrevieja a diversas parcelas agrícolas que suman 3.100 hectáreas y que en la actualidad no tienen concesión autorizada en la cuenca del Segura.

Afirman que se pretende conducir agua a parcelas agrícolas de cítricos y almendros que suponen nuevos regadíos de «rentabilidad dudosa» incumpliendo así el plan hidrológico del Segura, aprobado en 2014 y que impide expresamente incrementar la demanda de los recursos.

Inciden en que las tuberías de 1,4 metros de diámetro atravesarían la sierra Escalona y provocarían un «severo impacto ambiental» en esta zona declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

En el otro lado está la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que ayer remarcó que, tal y como marca la ley, se desestimará cualquier petición que implique crear nuevos regadíos y, por tanto, solo se concederán recursos para «redotación de los cultivos existentes».

Desde Acuamed únicamente indicaron que el proyecto está en fase de consulta, previa a la información pública.