Tribunales
La edil María Oliver se niega a aclarar ante el juez si adjudicó a dedo un contrato
Encargó a un compañero de partido un informe sobre el sistema educativo, del que no tiene competencias
Encargó a un compañero de partido un informe sobre el sistema educativo, del que no tiene competencias.
La concejala de Educación de Valencia y portavoz de València en Comú (confluencia de Podemos) María Oliver, se negó ayer a declarar en el Juzgado de Instrucción número 19, que investiga un convenio con la Universidad de Valencia para realizar un estudio del sistema educativo de la ciudad que, según la denuncia inicial del PP, se adjudicó «a dedo».
Según informaron fuentes conocedoras del caso, Oliver optó por no declarar, aunque la propia concejala ni confirmó ni desmintió esta información, y declinó hacer comentarios al respecto.
La investigación tiene su origen en una denuncia del asesor del PP Luis Salom, interpuesta en febrero del año pasado contra Oliver por un posible delito de prevaricación, supuestamente cometido por encargar «a dedo», según la denuncia, el citado estudio a «un compañero de partido», miembro del máximo órgano de Podemos en la Comunitat y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales.
El Juzgado ya requirió al Consistorio el expediente del citado convenio el pasado 10 de marzo y en junio citó a declarar en calidad de testigo al interventor.
Según el denunciante, era «cuanto menos sospechoso» que la adjudicación de este estudio se hiciese «mediante un convenio de forma directa, al margen de cualquier convocatoria pública y sin justificación alguna, tal y como hace constar la intervención municipal en dos informes».
En su momento, Oliver explicó que el convenio con la Universidad para el estudio sobre el sistema educativo de la ciudad había «pasado todos los filtros del Ayuntamiento con alguna pequeña observación».
La recientemente proclamada candidata de Podemos a la alcaldía de Valencia argumentó entonces que era «un trabajo necesario» que se hizo con una institución pública y que se daba «un contenido pedagógico para gente que está investigando», por lo que consideraba que ese tipo de colaboración solo se podía hacer con un convenio.
Se da la circunstancia de que la Corporación capitalina no tiene competencias en el sistema educativo, pues es algo que depende de la Conselleria del ramo, salvo en el área de educación de cero a tres años, que está expresamente excluida del estudio encargado.
El expediente firmado por la edil Oliver tuvo varias advertencias del interventor, que dijo no ver la urgencia ni la necesidad, para sacarlo «a dedo» evitando la concurrencia competitiva: «no se acreditan en el expediente las razones de interés público, social o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten la convocatoria pública», señalaba en su informe.
✕
Accede a tu cuenta para comentar