Valencia

Las demandas a Bankia colapsan los juzgados de Primera Instancia

En el primer semestre de 2015 se registran 7.400 procesos por productos financieros en el partido judicial de Valencia

El decano de los jueces, Pedro Viguer, pide sensibilidad al Ejecutivo
El decano de los jueces, Pedro Viguer, pide sensibilidad al Ejecutivolarazon

VALENCIA- Los juzgados del partido judicial de Valencia registraron 7.400 demandas por productos financieros complejos en el primer semestre de 2015, lo que, literalmente, ha colapsado algunos órganos judiciales. El refuerzo de tres jueces que se aprobó el año pasado ha funcionado perfectamente, pero es totalmente insuficiente atendiendo al aluvión de procesos de esta primera mitad del año.

Así lo explicó ayer el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, que hizo balance del primer semestre.

Entre los meses de enero y junio del año en curso se han celebrado 2.067 juicios ordinarios (consta de dos vistas cada uno) por demandas a Bankia, y 3.197 juicios orales por idéntica causa.

La mayoría de los juzgados de Valencia exceden en el doble, triple o incluso cuádruple, el volumen de trabajo que recomienda el Consejo General del Poder Judicial. Así, Primera Instancia está al 215 por ciento respecto a los módulos del CGPJ, y Mecantil al 430 por ciento.

Pero sin duda, la situación que más preocupa al decano es la de los juzgados de Lo Social. Desde 2005 no se crea ninguna sede judicial nueva en este orden, y los asuntos han crecido exponencialmente con la crisis. «Los juzgados de Lo Social eran un ejemplo de agilidad, y ahora están señalando juicios urgentes a los doce meses, y los ordinarios a los dieciocho. Y en estos se puede decidir el sustento de personas y de sus familias», explicó Viguer, quien calificó la situación de «emergencia». Además, los cuatro jueces de adscripción territorial (refuerzo) que están colaborando en Social, concursarán a otra plaza en diciembre, por lo que dejarán su puesto.

Los juzgados de Familia están al 206 por ciento, pero aquí el problema va más allá de la carga de trabajo de los jueces, ya que «los informes psicosociales son imprescindibles para dictar sentencia» y estos tardan más de un año, en ocasiones, en llegar.

Por último, Viguer consideró un error acortar el periodo de instrucción. «Las demoras no las genera el juez, sino los informes periciales o de otro tipo que tardan años».