Vox exige derogar artículos de la Ley contra la LGTBifobia para pactar en Madrid

El acuerdo de mínimos exige además eliminar o bajar todos los impuestos existentes y libertad para que los padres elijan el modelo educativo que quieren.

Vox se abre a la negociación y lo hace con unas exigencias que considera “mínimas” para llegar a un acuerdo de investidura. Estos son los acuerdos programáticos que propone:

Impuestos. Eliminar o bajar todos los impuestos existentes en la Comunidad de Madrid, sin elevar la deuda, desmontando partidas de gasto público ineficaz.

Auditorías. Realizar una auditoría exhaustiva de las subvenciones que se han otorgado durante los últimos años, sus cantidades y destinatarios.

Subvenciones. Suprimir las subvenciones destinadas a financiar chiringuitos, entes públicos, sindicatos, patronales o empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid que tengan carácter ideológico, que no respondan a criterios razonables de uso del dinero público, o que supongan una duplicidad de competencias. Se cerrarán aquellas entidades que no justifiquen su existencia bajo estos criterios y no se creará ninguno nuevo. Se eliminará la ayuda al exterior, que deben ser competencia exclusiva del Estado.

Consejería de Familia. Se creará una Consejería de Familia y Natalidad para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad.

Libertad de educación y de pensamiento. Garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos. Y eso pasa por derogar algunos artículos de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid (Ley 2/2016 de 29 de marzo) y la ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.

Aprobación del “Pin Parental” para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones. Derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española.

Aprobar protocolos en los centros educativos que aseguren protección frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia.

Dar atención a todas las personas en situación de riesgo, sin menoscabo de los derechos fundamentales como la libertad de conciencia, libertad de educación o presunción de inocencia, de acuerdo al Código Penal.

Inmigración ilegal. Colaborar, desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid, incluidos los pertenecientes al ámbito de la Sanidad, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren en la Comunidad de forma ilegal, con especial atención a la identificación y repatriación de los MENAS.

Factura sanitaria. Requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña, evitando el turismo sanitario.

Trata de personas. Promover, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que cooperen con las mafias de tráfico de personas, o favorezcan la inmigración ilegal.

Suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal.