Carmena pagó 4,6 millones por Bicimad al margen de su compra

El Ayuntamiento reconoce ocho pagos a Bonopark después de la municipalización del servicio de alquiler público.

Los portavoces de los cuatro grupos municipales en la comisión que abordará el proceso de compra de Bicimad por parte del Ayuntamiento de Madrid se reunirán hoy tras haberse suspendido la primera sesión, prevista para este martes, ante la falta de documentación facilitada por el Gobierno municipal. Toda la oposición (PP, PSOE y Cs) coincidió a finales del mes de febrero en que los plazos de esta comisión de investigación no deberían empezar a correr hasta que no se tuviese toda la documentación para poder examinarla. El Ejecutivo de Carmena ya ha remitido esa documentación, aunque desde la oposición lamentan que muchos de estos documentos tengan más que ver con la etapa de Ana Botella en la Alcaldía que con el proceso de municipalización del servicio de bicicletas eléctricas que llevó a cabo el equipo de Ahora Madrid. Entre la documentación con la que ya cuentan los grupos municipales destaca la existencia de convalidaciones de gasto por valor de 4,6 millones de euros. Se trata de ocho documentos, con fechas comprendidas entre enero de 2017 y enero de 2018. Las convalidaciones de gasto constituyen un recurso legal que utilizan todas las administraciones públicas para afrontar gastos imprevistos. El Gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, abonó convalidaciones de gasto en 2017 por valor de 87 millones y el Ejecutivo de Carmena lo hizo el pasado año por una cuantía de 55 millones. En el caso de las convalidaciones de gasto a favor de Bonopark, la empresa que fue adjudicataria del servicio de Bicimad hasta su municipalización, los conceptos por los que se abonan más de 4,6 millones de euros tienen que ver fundamentalmente con suministros. Al margen de este gasto hay que recordar que el Ayuntamiento de la capital pagó 10,5 millones de euros a Bonopark por la compra de Bicimad. Éste es uno de los puntos que deberá esclarecer la comisión que inicialmente debía echar a andar hoy. Desde el PP han sostenido en los últimos meses que esa compra se realizó sin haberse elaborado un informe económico que justificase el pago de más de diez millones de euros por el servicio. En relación con este caso, el grupo municipal popular presentó una querella contra la delegada de Medio Ambiente del Gobierno de Ahora Madrid. La Justicia admitió a trámite la querella en febrero aunque, de momento, no ha llamado a declarar a nadie.