Cascallana blindó a los empleados de Esmasa en campaña electoral

Lo hizo a última hora, en plena campaña electoral, quizás para garantizar la estabilidad laboral de familiares y amigos a sabiendas de que abandonaría el poder en breve. El ex alcalde socialista de Alcorcón Enrique Cascallana blindó a los trabajadores de Esmasa pasando por encima de una ley estatal para ampliar sus días de indemnización en un caso poco probable de despido, ya que también endureció los requisitos para poder echar a cualquiera de los 400 trabajadores de la empresa municipal. Algunos contratos, firmados por el entonces consejero delegado de la sociedad, Francisco Pérez Pla (también concejal socialista), llevaban la llamada «cláusula de garantía de estabilidad en el empleo», en la que se adquiría el compromiso de «no proceder a despidos por causas objetivas ni despidos colectivos en ningún momento». En caso de que se produjera la externalización de un servicio de la empresa –como ocurrirá ahora; la causa del motivo de la huelga– la empresa que asuma el servicio se subrogará en todas las cláusulas del acuerdo. Según éste, firmado el 4 de mayo de 2011 (menos de 20 días antes de las elecciones municipales), el compromiso de estabilidad laboral se reforzaba con la garantía de abonar suculentas indemnizaciones por parte de Esmasa para los trabajadores fijos e indefinidos en los supuestos de «despidos por causas objetivas» o «despidos colectivos». El número de días pactados en este contrato deja muy atrás las negociaciones habituales de cualquier empleado con su empresa. Pero si tenemos en cuenta que Esmasa es una empresa pública, la cuestión puede ser, cuanto menos, inmoral. Los trabajadores con una antigüedad en la empresa de hasta cinco años cobrarían 100 días de indemnización por año de antigüedad con un mínimo de 12 meses. A los empleados con antigüedad de entre 5 y 10 años les quedaría un finiquito de 90 días por cada año de antigüedad, con un mínimo de 24 meses. En caso de un hipotético despido, los veteranos con más de 10 años de experiencia en la empresa percibirían una paga de 70 días por año con un mínimo de dos años y medio.

En ese momento, mayo de 2011, el máximo legal de indemnización era de 45 días por año. La controversia surge porque Esmasa no es ninguna empresa privada, donde cada trabajador puede pactar libremente unas condiciones, sino que esas indemnizaciones –muy por encima del máximo legal– salen de fondos públicos y hay que «justificar los motivos con mucha precisión», según explica un experto en derecho laboral. Uno de ellos es por qué no se ha negociado en mesa general con los representantes sindicales, dado que el motivo de la mejora pudiera haber sido aplicado a otros trabajadores. El problema es que «puede ser considerada una cláusula de blindaje». Es decir, que estos contratos podrían no ajustarse del todo a la legalidad. «Las cláusulas de blindaje en la Administración son consideradas nulas dado que mediante esta técnica le provocan a la Administración un perjuicio no justificado si ésta, en el ejercicio de sus potestades empresariales, decide aplicar una de las técnicas de extinción contractual por causas objetivas, bien individual o colectiva, siendo así más gravoso para las arcas municipales, algo que de no justificarse puede crear perjuicios patrimoniales a la Administración». El experto aclara que «la motivación política o previsión de actos futuros no es causa admitida para ello.