Cascallana enganchó el alumbrado público a urbanizaciones privadas

No sólo una deuda de 612 millones de euros dejó oculta el anterior gobierno local del PSOE en Alcorcón. A pesar de que ha pasado más de un año desde que Enrique Cascallana abandonó la alcaldía del municipio, tras perder las elecciones de mayo de 2011, el nuevo equipo municipal sigue encontrándose aún desagradables «sorpresas». La última llegó el pasado mes de diciembre cuando varios vecinos del Ensanche Sur de Alcorcón denunciaron que llevaban varios días sin luz en su calle porque, afirmaban, «el Ayuntamiento no pagaba a la empesa Iberdrola las facturas».

Los vecinos tenían parte de razón, el Ayuntamiento no pagaba las facturas del alumbrado de la calle pero porque tenía enganchadas las farolas a las urbanizaciones privadas. Iberdrola había acudido para solucionar alguna avería y al detectar la ilegalidad había cortado el suministro.

Desde verano hasta ahora se han detectado hasta ocho enganches ilegales de alumbrado público a urbanizaciones privadas. Es decir que eran los vecinos los que paganan, a través de la cuota de la comunidad, el alumbrado público de su calle. Es el caso de las calle Joaquín Vilumbrales, Arces, José Aranda, el parque de la Paz, y de las calles Martin Luther King, Mestizaje y Naciones Unidas. A estas tres últimas, todas en el Ensanche Sur, Iberdro les cortó la luz el pasado puente de diciembre tras detectar más irregularidades. Además, la compañía eléctrica también detectó otro enganche ilegal en las farolas del Parque de la República, que en este caso estaban enganchadas a las pistas polideportivas y al campo de fútbol de uso público, con lo que se ahorraba el alta de la luz y otros gastos fijos de un contrato independiente.

La compañía Iberdrola ha ido cortando la luz en estos puntos según ha ido detectando los enganches ilegales, por lo que en el consistorio alcorconero, que dirige David Pérez, no tienen datos sobre cuánto tiempo han estado los vecinos pagando el alumbrado público, de hecho no descartan que lleven en esta situación desde hace años y prevén que vayan apareciendo más casos.

Según ha denunciado el nuevo Gobierno, el anterior equipo socialista realizó a través de la empresa municipal Emgiasa (que gestionó la mayoría de las viviendas del Ensanche Sur y que acumula una deuda de 300 millones de euros) enganches irregulares a cuadros de luz de urbanizaciones privadas que pagaban el suministro del alumbrado. En la actualidad, en todos los puntos donde se detectaron estos «chanchullos» para no pagar se ha solventado con un nuevo contrato que como es lógico paga desde entonces el Ayuntamiento. Además, el alcalde, David Pérez, ha encargado un expediente informativo para conocer todos los datos sobre estos enganches y estudiar si habría responsabilidades que podrían derivarse de estas actuaciones.

Desde la oposición, el concejal encargado de Vivienda en Alcorcón, Antonio Elviro, hizo responsable de los enganches ilegales a Iberdrola. Aseguró que fue la compañía la que propuso, tras sus propios retrasos a la hora de poner en funcionamiento la nueva subestación del Ensanche Sur, enganchar el suministro desde la subestación que ya estaba dando servicio a las fases 1 y 2 con el fin de poder dar servicio a la tercera fase de este desarrollo.

La herencia socialista en Alcorcón no sólo ha dejado este tipo de irregularidades. En concreto, tal y como informó ayer este periódico, el Tribunal de Cuentas ha dado traslado a la Comisión Mixta del Congreso-Senado de su informe definitivo sobre las cuentas del Plan de Pago de Deuda a Proveedores, en el que se desvela que a lo largo del año 2008 el Gobierno de Cascallana concertó unas operaciones de crédito por valor de 44 millones de euros. El informe señala que, «además de dicha operación, Alcorcón concertó durante 2008 otras tres operaciones de crédito a largo plazo, para financiar diversas inversiones recogidas en el presupuesto de este año por otros (en referencia a un crédito previo) 22 millones de euros», destaca el documento, que añade que no se solicitó para ello la «autorización preceptiva» del Ministerio de Economía y Hacienda. Asimismo, añade que, a pesar de ello, hay «constancia» de que lo supo un año después y no actuó.