Coto a Airbnb

La Comunidad aprobará a mediados de 2018 un decreto para regular los pisos turísticos. La norma obligará a las plataformas en las que se anuncian a publicitar sólo las viviendas inscritas en el registro regional. Su incumplimiento acarreará sanciones de hasta 300.000 euros.

La invasión de las viviendas de uso turístico es uno de los principales caballos de batalla de las grandes ciudades españolas. En Madrid, durante los últimos meses, Ayuntamiento y Comunidad estudian cómo reglamentar un sector en auge, que hasta hace poco se movía en un vacío legal. El último ladrillo –por ahora– en la arquitectura jurídica para apuntalar el marco de las viviendas que particulares alquilan a través de plataformas online lo puso ayer Jaime de los Santos, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, que anunció la publicación de un borrador de decreto para reglamentar estos apartamentos de cuya actividad económica no se da cuenta a las administraciones en la mayoría de las ocasiones. La nueva norma regional busca establecer «unos criterios de calidad» en estos pisos y que éstos cumplan con unas «normas mínimas», ordenando la actividad de acuerdo con los pronunciamientos judiciales del Parlamento Europeo.

Empresas turísticas

La base del reglamento es que «por primera vez, a las plataformas que comercializan estas viviendas se las regula como empresas turísticas», señaló el consejero. El borrador del decreto tiene dos vertientes. Una destinada a establecer los límites de actuación de las empresas o plataformas que anuncian los pisos y otra que regula el comportamiento de los usuarios que alquilan las viviendas. Dentro de la primera –la más extensa– se recoge la creación del Certificado de Idoneidad para las viviendas de Uso Turístico (CIVUT) que será expedido por un arquitecto o por un ingeniero y «regulará una serie de parámetros para que (los espacios) tengan unas características ideales de calidad», señaló De los Santos. Además, las plataformas de alquiler serán consideradas como empresas –con sus derechos y obligaciones– y, por tanto, «podrán ser sancionadas con multas de entre 30.000 y 300.000 euros» si publicitan viviendas que no estén dadas de alta en el registro de la Comunidad de Madrid, según destacó el consejero.

Otro de los requisitos comprendidos en el borrador es el refuerzo de la seguridad. Una vez que el decreto entre en vigor, los dueños de los pisos alquilados deberán comunicar a la Dirección General de Policía la identidad de los ocupantes, así como suscribir un seguro de responsabilidad civil. Además, la norma fija una ratio máxima de número de personas alojadas en función de los metros cuadrados disponibles en el inmueble. De acuerdo con la reglamentación bosquejada, en viviendas inferiores a 25 metros cuadrados útiles se podrán alojar hasta dos personas. En los pisos con una superficie comprendida entre los 25 y 40 metros cuadrados el número de ocupantes potenciales se duplica y llegan a los cuatro. A partir de los 40 metros, por cada 15 metros cuadrados útiles adicionales se permitirán dos ocupantes más. Los turistas que hagan noche en alguno de los pisos turísticos de la Comunidad deberán comprometerse a cumplir las «normas mínimas de convivencia», su incumplimiento puede acarrear su expulsión.

Aún queda un largo camino hasta que este decreto entre en vigor: durante un período de quince días hábiles, empresas, instituciones y ciudadanos podrán presentar alegaciones al texto. Además, la Comunidad está a la espera de «los comentarios de la Comisión Europea». Según las previsiones del Ejecutivo regional, hasta el primer semestre de 2018 no entraría en vigor.

Además de anunciar la publicación del anteproyecto de regulación, Jaime de los Santos aprovechó para rebatir alguno de los mitos sobre el fenómeno de las plataformas de alquiler de viviendas turísticas: «La edad media de los usuarios es de 46 años», señaló el consejero, que también negó que Madrid se esté convirtiendo «en un parque temático» para turistas. Según los datos de la Dirección General de Turismo de la Comunidad, entre julio de 2014 y octubre de 2017, se han registrado 259 denuncias alertando de pisos turísticos ilegales. Así, cada inspector atiende sólo una denuncia al mes.

La norma anunciada por de los Santos altera el Decreto 79/2014 que fue anulado en parte por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya que establecía que las viviendas de uso turístico deberían alquilarse durante un período igual o superior a los cinco días. Una medida que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del TSJM anuló.

El plan del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado desde 2015 por Ahora Madrid, anunció hace siete días un plan distinto para frenar la turistificación del centro. El proyecto del Gobierno de Carmena consiste en establecer un tope de 90 días de alquiler al año. Una cifra límite que, a su juicio, coloca la línea de separación entre la economía colaborativa y el alojamiento profesional. El consistorio quiere exigir además licencias de vivienda turística a los que renten alojamientos más allá del límite de tres meses establecido. El Ayuntamiento realizará un censo de viviendas turísticas y un plan especial que determinará dónde pueden instalarse nuevos establecimientos hoteleros en función de las calles, la movilidad o los ya existentes en el área.

Este proyecto, explica el Ayuntamiento, no se solapa con el de la Comunidad; según la alcaldesa, la competencia regulatoria de la actividad turística recae en el ejecutivo regional de Cifuentes, pero señaló que esta «se concreta en las ciudades».

Los hoteles, en contra del plan

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) aseguró estar «totalmente en contra» del borrador del decreto propuesto por la Comunidad y lo calificó de «regresivo», ya que «permite lo que antes no permitía» y supone «un peligro para la calidad del destino turístico». La AEHM afirmó que la propuesta «no recoge las peticiones del sector» y volvió a exigir la creación de una normativa «eficaz, sólida y estable que salvaguarde los derechos de los consumidores y ponga fin a la competencia desleal». Según los hoteleros, el borrador «desregula más que regula» y «va en contra de las decisiones que se están tomando en la UE sobre economía colaborativa».