El Ayuntamiento retiró los «vestigios» sin justificación administrativa

Reconoce en el informe sobre la polémica gestión del área de Cultura que no existía «disposición que amparase la retirada» del monolito al Alférez Provisional

El fallido intento de aplicar la Ley de Memoria Histórica por las bravas, retirando vestigios que nada tenían que ver con lo que exige la normativa, se hizo sin ningún procedimiento administrativo que lo justificase. Así lo recoge el informe elaborado por el Ayuntamiento de Madrid sobre la polémica gestión de Celia Mayer al frente del Área de Cultura y Deportes, en cuanto a la retirada a finales de enero de una placa dedicada a ocho frailes carmelitas fusilados al inicio de la Guerra Civil, del monolito dedicado al Alférez Provisional y de la placa de homenaje a Don José Carlos Vara. Todas ellas tuvieron que ser repuestas por los distintos errores cometidos por la concejala.

El primero de ellos fue, como reconoció la propia alcaldesa, Manuela Carmena, actuar sobre elementos que estaban fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Histórica, como ocurrió con la placa dedicada a los frailes en el Cementerio Parroquial de Carabanchel. El segundo y más grave, se admite en el informe sobre la gestión cultural, y es que no existía «disposición o acto administrativo que amparase la retirada» del monolito al Alférez Provisional y la placa de Don José Carlos Vera.

Es decir, las órdenes fueron dadas –no se aclara por parte de quién– de forma verbal y sin documentación que justificase la actuación, ya que, en teoría, el plan para la retirada de los vestigios aún estaba en fase de desarrollo y se pretendía confiar esta labor a la cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. Precisamente por la acumulación de errores, denuncias y filtración de supuestas listas –llenas de errores– con calles y otros elementos que debían ser renombrados o eliminados, la cátedra decidió desistir del desarrollo del plan. Al respecto, el Ayuntamiento justifica que estaba en suspenso la tramitación del contrato a la espera de la prórroga del convenio que sustenta la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

Fue la Fundación Nacional Francisco Franco quien se percató de que no había acto administrativo detrás de la retirada del monolito y la placa, por lo que presentó un escrito en el que denunciaba por la vía del hecho empleada por el Ayuntamiento para eliminar dichos vestigios. Al comprobar que, en efecto, no existía justificación de aquello, el consistorio se vio obligado a reponer los dos elementos situados en el barrio de los Jerónimos y en la calle Arrieta, respectivamente.

Además, a raíz de lo ocurrido, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid abrió diligencias previas en las que requería al consistorio que le remitiera una relación detallada de todas las actuaciones llevadas a cabo en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y acreditase su ubicación y el estado de conservación de los elementos retirados. También reclamaba que suspendiera la aplicación de dicha normativa en aquellos vestigios que formasen parte del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, hasta que lo autorizase Patrimonio Cultural.

En el informe achacan los «vacíos normativos y procedimentales» en la aplicación de la Memoria Histórica en la capital a la desidia de las anteriores administraciones municipales que no hicieron nada al respecto desde la aprobación de la ley en 2007. Una falta de marco normativo, que ahora están elaborando que, sin embargo, no frenó a la concejala Celia Mayer a la hora de comenzar a retirar vestigios sin justificación legal o administrativa.