El calvario de las 200 familias «históricas» de San Fernando

«Nos sentimos engañados, manipulados y estafados». El sentimiento lo comparten los cientos de afectados por el embargo de la Plaza de España de San Fernando de Henares, el primero que en nuestro país se efectúa sobre un espacio público. No pueden entrar en sus casas, pese a que son de su propiedad, las han pagado y reformado. El problema, señala con indignación uno de los vecinos, es que son «otros» los que no pagan. El calvario arrancó el día en el que un juzgado de Coslada resolvió la denuncia interpuesta por Construcciones Ortiz, una de las dos constructoras contratadas por el Consistorio y que sufrió los impagos del equipo municipal. Judicialización que provocó que los vecinos no pudieran vivir en sus viviendas ni regentar sus negocios.

El origen hay que buscarlo en 2006, cuando la alcaldesa, Monserrat de Diego (IU), anunció un proyecto para rehabilitar la plaza, declarada Bien de Interés Cultural en 1983. Está rodeada, en tres de sus cuatro lados, por las «viviendas históricas» –145 casas de unas 200 familias– y 20 locales comerciales. En el otro flanco está el Ayuntamiento, lo que implica que para remodelar la plaza, era necesario incluir a toda la parcela.

«La alcaldesa nos dijo que expropiaba las viviendas sí o sí», explica la Plataforma de Afectados. Julio Setién sucedió como alcalde a su compañera de IU y desarrolló el proyecto. «Setién negoció con nosotros y llegó a un convenio para realizar una expropiación pactada. Nos devolverían las viviendas cuando finalizara la rehabilitación. Mientras, el Ayuntamiento nos abonaría el alquiler de un domicilio, con un máximo de 800 euros». Fue éste el primer compromiso roto por el Ayuntamiento: «Llevan más de 13 meses sin pagar los alquileres y hay gente que ha perdido el trabajo y no tiene ni casa ni negocio ni nada. Doce locales tuvieron que cerrar durante las obras y ahora no tienen ni negocio ni realojo».

¿Un aval bancario perdido?

Para poder hacer frente al proyecto, el Consistorio incitó a los vecinos a conformar una sociedad: Plaza de España San Fernando S. L. La entidad se convertiría en propietaria de los bienes del recinto; los vecinos tendrían un 51% de la empresa y el Ayuntamiento, el 49% restante, además del 99% de los votos de decisión. Para realizar la citada rehabilitación, la administración local solicitó un crédito a Bankia de 54 millones de euros, entre los que se encuentran 7,8 millones como aval bancario de los propietarios. De los 46 restantes, saldría el dinero para abonar los alquileres de los vecinos y para la rehabilitación, que se firmó con las constructoras por un total de 28 millones, según los vecinos.

«A nosotros nos han engañado desde el principio. En el inicio del proyecto, la previsión era de 24 meses para entregar las casas, pero se hizo una prolongación de 29 meses más y ahora no se sabe dónde está el dinero; aunque está claro que los 28 millones que iba a costar este proyecto se han incrementado por las demoras», apuntaron. La polémica llegó cuando las obras finalizaron y, supuestamente, verían regresar a los vecinos. Fue entonces cuando estalló la guerra entre la constructora, el Consistorio y Bankia. «Construcciones Ortiz dijo que no entregaba las casas hasta que el Ayuntamiento pagara. Éste decía que no había pagado porque se habían retrasado en las obras y porque Bankia no había entregado una parte del crédito. Y Bankia manifestó que las condiciones del préstamo cambiaron cuando parte del crédito se utilizó para otros proyectos diferentes, como los 6 millones de euros destinados a la Fábrica de Paños, declararon fuentes de la Plataforma. Ni Bankia ni Construcciones Ortiz ni el Ayuntamiento han atendido a las preguntas de LA RAZÓN.

Ahora mismo, la sociedad está inmersa desde octubre en un concurso de acreedores y a la espera de que el Consistorio renegocie la deuda que tiene con la constructora. «Por lo visto, el Ayuntamiento ha intentado ofrecer bienes para que nos entreguen las casas, pero la constructora quiere el dinero. Y Bankia no quiere soltar el aval», aseguraron fuentes de la asociación. Lo que esperan los vecinos es que se establezca un calendario de pago, que se llegue a un acuerdo entre las partes implicadas o ver qué dictamina un juez sobre el asunto.