El Fiscal pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Coslada

En 2010 concedió una licencia de construcción de un centro comercial sobre yacimientos prehistóricos con restos del paleolítico y neolítico

La Fiscalía del Área de Alcalá de Henares ha solicitado al juez de Instrucción número 3 de Coslada “la apertura de juicio oral” contra el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, por un delito contra el patrimonio histórico por omisión y prevaricación urbanística por el “caso Calvario”, reclamando una solicitud de condena de cara al juicio de tres años y nueve meses de prisión.

Así consta en el escrito de acusación fechado el pasado 17 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el fiscal solicita que se juzgue a Viveros, al concejal de Urbanismo, Antonio Murillo; al secretario de la Corporación, Ángel Martínez; y al arquitecto municipal José Luis Alonso en relación a “la concesión” en 2010 de una licencia de construcción de un centro comercial sobre los yacimientos prehistóricos de la zona conocida como “El Calvario”, con restos del paleolítico y neolítico.

El escrito está sobre la mesa del juez de Instrucción número 3 de Coslada después de que el pasado septiembre diera traslado a las partes en la fase intermedia del proceso para que formulara sus respectivos escritos, ya sea para pedir el sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral. Ahora, el fiscal “formula escrito de acusación” contra los investigados.

Entonces, el juez concluyó la investigación y transformó las diligencias en procedimiento abreviado. En su caso, el fiscal pide que se celebre juicio oral por delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico cometido por omisión.

Una parcela de 30.000 metros cuadrados

La investigación se instó por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente en relación con una parcela de unos 30.000 metros cuadrados que ocupaba parte del antiguo yacimiento prehistórico de “El Calvario”. El fiscal “acusa” a Viveros y Murillo en “concepto de autor” de los delitos de prevaricación urbanística del artículo 320.2 del Código Penal, así como de un delito contra el patrimonio histórico cometido por omisión en relación al artículo 323.

Se reclama para ellos una pena de un año y nueve meses de cárcel por el delito de prevaricación, así como dos años de prisión por el delito contra el patrimonio. Además, se solicita una inhabilitación especial para empleo o cargo público en cualquier Administración Local y para el ejercicio de funciones relacionadas con el urbanismo durante ocho años.

A los otros acusados se les considera autores, según el fiscal, también del delito contra el patrimonio y de prevaricación urbanística del artículo 320.1, reclamando una suma de tres años y nueve meses de cárcel. Y se pide igualmente una inhabilitación de ocho años para ejercer como cargo público.