Final de trayecto del Cercanías Móstoles-Navalcarnero

La empresa concesionaria ha empezado a retirar la tuneladora de la obra, paralizada desde hace seis años. La Consejería de Transportes le había dado de plazo hasta primavera para reactivar el proyecto, estancado en los tribunales.

Si los vecinos de Navalcarnero y Arroyomolinos guardaban algún atisbo de esperanza sobre la reanudación de las obras del esperado Cercanías que uniría estas localidades con Móstoles, la decepción va a ser definitiva. El movimiento que, en los últimos días se ha observado en el entorno de la construcción no corresponde a una reactivación del proyecto por parte de Cercanías Móstoles Navalcarnero S. A. (Cemonasa), del Grupo OHL, sino precisamente a lo contrario. La empresa está desmontando la tuneladora de diez metros de diámetro que permanecía enterrada desde que en 2010 se paralizaron las obras.

Y es que el conflicto entre la empresa y el Gobierno regional lejos de solucionarse está cada vez más estancado. Dos años después de que la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, pusiese la primera piedra, la constructora paralizó el proyecto por dificultades económicas que, sin éxito, trataron de resolver entre los responsables de la Consejería de Transportes, los ayuntamientos implicados e, incluso, el Ministerio de Fomento. Sin embargo, finalmente tanto OHL como la Comunidad de Madrid acudieron a los tribunales para reclamarse mutuamente los daños y perjuicios.

Así, poco antes de comenzar la actual legislatura, el 12 de junio de 2015 la empresa liderada por Villar Mir, decidió pedir la disolución del contrato de concesión por los incumplimientos del mismo en los que, denunciaron, había incurrido la Administración regional. Un expediente que el nuevo consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, decidió revisar de forma que, a comienzos de 2016, se le impuso a OHL una sanción de 34 millones de euros por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales tales como terminar la obra en el plazo señalado. Una cantidad que la empresa concesionaria ha recurrido ante los tribunales, donde también pide a la Comunidad de Madrid que se le restituyan los 165 millones de euros invertidos hasta el momento en la obra. Es más, recientemente, la concesionaria ha elevado su reclamación hasta 369,5 millones, en los que incluye la inversión y los daños y perjuicios.

Sin embargo, el pasado verano el Tribunal Superior de Justicia dio la razón al Gobierno regional ante la petición de amparo concursal de Cemonasa y rechazó suspender cautelarmente la sanción de 34 millones de euros. Ante esto, OHL decidió declarar esta empresa de su grupo en concurso voluntario de acreedores a la espera de que la Justicia resuelva su petición de indemnización a la Comunidad de Madrid. Una cuestión que, desde la Consejería de Transportes, consideraron poco probable ya que, según aseguró Rollán, «en los pliegos queda claro que el concesionario asume los riesgos de construcción de la obra» y que sería remunerado según una tarifa de compensación por viajero pactada con el Gobierno regional. Es más, actualmente se está reclamando en los tribunales el cobro de un aval de 18 millones de euros sobre esta sanción en tanto en cuanto se espera que la concesionaria cumpla con el contrato de construcción del tren Móstoles-Navalcarnero. Dicho aval también fue recurrido por OHL y la Consejería de Transportes está a la espera de que se resuelva el recurso de ejecución del aval.

Asimismo, en el expediente sancionador fechado en febrero de 2016, la Comunidad de Madrid daba a OHL otros 16 meses de plazo para terminar el proyecto, que debía haberse inaugurado en 2011. En caso de que la empresa concesionaria agote el tiempo establecido –como así parece–, la Consejería de Transportes instará la rescisión del contrato por culpabilidad de la concesionaria, lo que llevará aparejada una petición de indemnización millonaria. Además, la constructora podría enfrentarse a las demandas de los ayuntamientos afectados por el desistimiento de la obra.

Por su parte, desde el grupo OHL no confirmaron que sea la tuneladora, en la que inviertieron 17 millones de euros y llegó en su momento a ser la mayor de las que horadaban el subsuelo de la Comunidad de Madrid –diez metros de diámetro que, con todo, no superaron los 15 metros de las maquinarias gemelas que hicieron el by-pass sur de la M-30 unos años antes–. Según indicaron a LA RAZÓN desde OHL, se trata de una obra que está en concurso de acreedores y de la que se está retirando la maquinaria. Sin embargo, fuentes de Transportes señalaron que podría tratarse de la tuneladora.

El proyecto del tren Móstoles-Navalcarnero suponía crear una nueva línea férrea con un trazado de 14,6 kilómetros y un total de siete estaciones, cuatro de las cuales estarían soterradas –cuatro en Móstoles, una en Arroyomolinos y otras dos en Navalcarnero–. Es por ello que se decidió utilizar una tuneladora con un diámetro ligeramente mayor al del Metro convencional que debería haber horadado dos túneles de un total de 3,8 kilómetros, aunque apenas recorrió cien metros durante el tiempo que estuvo en marcha. Según explicaron en su momento desde la Consejería de Transportes, el objetivo del soterramiento era doble, ya que por un lado se garantizaba el respeto al medio ambiente y por el otro se aseguraba mayor rapidez a los trenes convencionales, que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora.

El presupuesto inicial de 362 supondría beneficiar a 225.000 habitantes de Móstoles, Navalcarnero y Arroyomolinos, tanto a quienes viven en el carco histórico como a los vecinos de los barrios periféricos que acudieran a trabajar a El Soto, la Plataforma Logística Puerta del Atlántico y Parque Coimbra. Asimismo, el proyecto llevaba aparejada la construcción de un aparcamiento disuasorio en la última estación de Móstoles, así como las correspondientes cocheras y talleres.