La defensora del pueblo ve constitucional la externalización

El pasado 20 de marzo, el sindicato Afem entregó a los partidos políticos y a la Defensora del Pueblo un informe jurídico en el que instaba a los destinatarios a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud aprobada en la Asamblea. Ayer, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, remitía a los sindicatos un informe en el que subrayaba la inexistencia de motivos para llevar ante el Alto Tribunal esta reordenación sanitaria.

En su argumentación, la Defensora del pueblo recuerda que el artículo 43 de la Constitución «no determina la forma de organización de los servicios sanitarios para hacer efectivo» el derecho a la protección de la salud. Del mismo modo, subraya que la Ley 15/1997 contempla «la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad». Sobre una posible extralimitación de competencias por parte del Gobierno regional, Becerril asegura en su escrito que el Estatuto de Autonomía concede a la Comunidad competencias para desarrollar la legislación básica en materia de sanidad. A lo largo de los casi veinte folios de escrito, Becerril se compromete a estar «atenta» al proceso de externalización de los centros hospitalarios para evitar que se produzcan situaciones de «desigualdad». También recuerda la necesidad de asegurar la pluralidad entre las entidades privadas adjudicatarias para evitar que ninguna adquiera una posición dominante. Un extremo sobre el que el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, ya se ha manifestado en repetidas ocasiones al asegurar que la externalización de los seis hospitales se llevará a cabo a partir de varios lotes que eviten la posibilidad de que una misma empresa se haga con el monopolio de los centros. Lasquetty llegó a concretar que una empresa ni siquiera podrá hacerse con la mitad de los hospitales externalizados.

El sindicato Afem lamentó la decisión de la Defensora del Pueblo. Su portavoz, Fátima Brañas, auguró, en declaraciones a Europa Press, que Becerril tendrá que intervenir contra la externalización, pero que lamentablemente «ya será tarde». Brañas también aprovechó para arremeter contra Becerril: «¿Por qué actuar contra algo cuando se ha podido prevenir las consecuencias de la externalización? La Defensora del Pueblo no actúa como Defensora del Pueblo».