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«Plan anti-Airbnb»: un 90% de pisos serán ilegales desde octubre

El Ayuntamiento solicitará a estas apps la información de los dueños de viviendas turísticas que sobrepasen el límite de alquiler de 90 días.

  • El distrito centro, donde se concentran una mayoría de los pisos turísticos ilegales, estará especialmente protegido en el plan que prepara el Ayuntamiento de Ahora Madrid
    El distrito centro, donde se concentran una mayoría de los pisos turísticos ilegales, estará especialmente protegido en el plan que prepara el Ayuntamiento de Ahora Madrid
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

10 de mayo de 2018. 01:35h

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J.V. Echagüe Madrid. 10/5/2018

Hace dos semanas fue Palma de Mallorca y ahora le toca el turno a Madrid. La capital será la segunda ciudad española que prohibirá las viviendas de uso turístico (VUT) sin licencia. Pasarán de ser «alegales», como denunciaban que estaba sucediendo hasta ahora los hosteleros y las asociaciones de vecinos, a «ilegales». Así se recoge en el borrador del Plan Especial de Implantación de Uso del Hospedaje. En resumen: de las entre 70.000 y 80.000 camas –unas 40.000 viviendas– que pueden encontrarse a día de hoy en la capital gracias a las plataformas online de alojamiento, sólo «sobrevivirían» el 10%, que entrarían dentro de la legalidad. El 90% restante, serían ilegales. En principio, el plan del Consistorio es aplicar el «plan anti Airbnb», como está siendo conocido, a partir del próximo mes de octubre. El sector hostelero de la capital estaba ayer de enhorabuena. «Estamos absolutamente de acuerdo. Es una demanda histórica, tanto a nivel municipal como autonómico, para acabar con los agravios comparativos, el exceso de exigencias para los establecimientos reglados y la absoluta falta de regulación para los pisos sin control», afirma a LA RAZÓN Jesús Martín Peinado, presidente de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de la Comunidad Autónoma de Madrid (Aehcam). La Unión Empresarial por la promoción turística de Madrid también ha aplaudido la decisión.

El texto, en principio, se va a limitar a aplicar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Un texto que dicta que, para cualquier actividad económica, se necesita una licencia urbanística que obliga al negocio a tener unos accesos independientes al del resto del edificio. Así, si alguien quiere dedicarse a alquilar su piso periódicamente, es decir, vivir de una actividad económica derivada del hospedaje, sólo podrá hacerlo si puede accederse a la casa sin «invadir» las zonas comunes del edificio. Algo que prácticamente afecta a la mayoría de las viviendas que pueden encontrarse en estas plataformas. «Hasta ahora, los vecinos tenían que sufrir en sus espacios comunes la explotación de una actividad económica sin control. Con esta decisión, estamos en igualdad de condiciones con respecto al resto de alojamientos», afirma el portavoz de la Aehcam.

Ahora bien. Hay excepciones. La primera: todos aquellos sitios de hospedaje, como los hostales, que vienen ejerciendo su actividad antes de 1997, año en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbanística, están exentos. La segunda: el nuevo plan del Ayuntamiento permite alquilar las viviendas un máximo de 90 días. Como explica Martín Peinado, este tope «se debe a un decreto de la Comunidad de Madrid». De hecho, «hay 7.000 viviendas que cuenta con la autorización de la Comunidad para funcionar como pisos turísticos». Por eso, una de las novedades será que el Ayuntamiento llevará a cabo un «control» de aquellos pisos que excedan este límite de tres meses. Por eso, el Consistorio de Manuela Carmena pedirá la colaboración de estas plataformas –no sólo Airbnb: Home Away, Wimdu...– para saber quiénes han sobrepasado el plazo.

Desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, cuyo concejal delegado, José Manuel Calvo, presentó las líneas maestras del plan el pasado martes a los sectores implicados, no detallan qué multas podrían afrontar los infractores. Por el momento, se conoce que serán «ejemplarizantes». Según la Ley de Turismo de la Comunidad de Madrid, este tipo de incumplimientos están sancionados con penas de entre 3.000 y 30.000 euros.

Otra de las novedades del plan es la división de Madrid en cinco zonas. En el mapa se distingue entre aquellos edificios históricos en los que el alquiler está terminantemente prohibido; aquellos en los que se permite, siempre que la vivienda a alquilar cuente con un acceso independiente; aquellos en los que se permite al tener este acceso, pero, a su vez, deben ser edificios terciarios: es decir, dedicados a actividades comerciales; y por último aquellos sin ningún tipo de restricción de alquiler o que se encuentran en suelo industrial. La zona Centro estará especialmente protegida: prácticamente no habrá edificios que puedan obtener licencia. No en vano, como explica Martín Peinado, se trata del área donde se masifican los pisos turísticos ilegales. «El 50% de los pisos en este área son residenciales», afirma.

Desde esta asociación de hosteleros afirman que en Madrid «hay tantas plazas hoteleras legales como ilegales». No en vano, «se trata de un negocio muy sencillo, para el que no se necesitan requisitos, y que resulta muy rentable». Por ello, se ha acabado dando un «efecto llamada».

Durante estos últimos años, Madrid ha gozado de un «boom» turístico. En parte también por situaciones coyunturales, como fueron los atentados de París, que provocaron un aumento de visitantes a España en general y a la capital en particular. Sin embargo, este aumento fue en 2017. Desde la Aehcam, estiman que el impacto de plataformas como Airbnb en el turismo pueden suponer «una caída del 40% de ingresos a medio plazo».

Y a corto plazo ya se están viendo los resultados. Durante este Puente de Mayo, los hoteleros de Madrid no alcanzaron las estimaciones de ocupación esperadas, quedándose al 75%: un 10% menos. Un dato que señalan como consecuencia directa del crecimiento descontrolado de las viviendas de uso turístico, cuya oferta ha aumentado en Madrid un 168% desde 2015 a 2017, frente al 2% observado en los establecimientos reglados. Una situación, además, que ha generado un incremento desorbitado del precio de los alquileres y que ha provocado las quejas de los vecinos, sobre todo de aquellos distritos donde más se concentran este tipo de viviendas.

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