«Un auxiliar le daba siete azotes a mi madre antes de acostarla. La directora dijo que era una manera de dar cariño»

La gerente del centro defiende la labor de su equipo y pide que «no se vea enturbiada por la falta de escrúpulos de alguna persona».

El silencio era su norma. Escondía las quejas de los familiares de los ancianos de su residencia, que llegaron a encontrarse en unos cajones, y también ha permanecido callada desde que estallara el escándalo por el vídeo en el que se ve a dos de sus trabajadores maltratando a dos mujeres indefensas. Hasta ayer. La directora de Los Nogales de Hortaleza, lejos de entonar el mea culpa, pidió a través de una carta que la labor del «gran equipo» que forman sus empleados no se vea «enturbiada por la falta de escrúpulos de alguna persona». «Seguiremos trabajando como un gran equipo que somos, porque nos importan las personas», remarcó en un comunicado interno a los empleados, al que tuvo acceso Europa Press. Ella «seguirá trabajando» si se lo permiten los tribunales, quienes tendrán que decidir si se le impone la inhabilitación de cinco años que ha solicitado la Comunidad de Madrid, así como una sanción que podría alcanzar los 600.000 euros. Por su parte, el Comité de Empresa de los trabajadores también se pronunció para calificar de «hechos deleznables» lo ocurrido en sus instalaciones y pide «el más absoluto respeto» para la «gran labor» de sus profesionales y el «absoluto respeto y consideración tanto hacia los residentes como hacia los familiares».

Precisamente ayer Francisco Polonio, hijo de una de las ancianas –ya fallecida– que aparece en el terrible vídeo, se mantuvo firme en el hecho de que la directora del centro le negaba los hechos. Fue él quien lo denunció el pasado 4 de diciembre ante la Fiscalía.
Según explicó a Efe, ingresó a su madre en esta residencia en 2015 y poco después empezó a detectar frecuentemente en la anciana «hematomas en los brazos e hinchazones en tobillos y rodillas». «Empiezo a hacer escritos de queja al igual que otros familiares a la residencia. Me contesta la directora diciendo que todo funciona perfectamente, que ellos no tratan mal a los ancianos y que el comportamiento es muy bueno y están muy bien cuidados», afirma.

Además de hacer varias fotografías, en 2016 decidió dejar un teléfono móvil grabando en la habitación de su madre con el que obtuvo tres vídeos durante tres días consecutivos. «Aparece un auxiliar que todos los días hace lo mismo: le da unos siete azotes a mi madre al acostarla», cuenta. Tras denunciar los hechos aportando como prueba los vídeos, un juzgado de guardia archivó el caso al considerar que no había delito, según el denunciante, que llegó a mostrar las imágenes grabadas a la directora de la residencia. «Me dijo que era una manera de dar cariño», relata. El hijo de la anciana volvió a presentar escritos de queja ya que su madre «seguía con hematomas» y en 2018 volvió a grabar otros tres vídeos en la habitación, que son los que aportó a la Fiscalía. «La directora de la residencia encubría y tapaba todo, decía que los trataban perfectamente. Nunca quiso admitir ningún tipo de responsabilidad ni reconocer los hechos», sostuvo el denunciante, cuya madre falleció con 83 años a los dos meses de grabar estos últimos vídeos, en julio de 2018.

Por su parte, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, afirmó que las familias de mayores presuntamente maltratados presentaron en su día una «queja» sobre «calidad de la comida o limpieza de sábanas», pero no denunciaron malos tratos. Asimismo anunció que el Gobierno regional ha notificado la primera de dos sanciones que está previsto imponer a la residencia. La primera de ellas, dijo –con un plazo de diez días para que la empresa presente alegaciones– «por incumplimiento del contrato» entre Los Nogales y la Comunidad de Madrid referido a 137 plazas. El presidente confirmó que también le ha sido comunicado a la residencia el segundo expediente incoado, por el que la Administración regional no podrá pronunciarse hasta que haya resolución judicial, que supondrá una posible sanción de 600.000 euros y la inhabilitación por cinco años de la gerencia.

Instalar cámaras, complejo desde el punto de vista legal

Ante la petición de los familiares de ancianos de instalar cámaras de vídeo-vigilancia en las residencias, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán,

manifestó que «desde el punto de vista legal es algo extaordinariamente complejo». Según recordó, en 2018 hubo 4.000 inspecciones a los 1.200 centros asistenciales, llevados a cabo sin anuncio previo en cualquier momento de las 24 horas del día «para evitar la relajación de los profesionales y para garantizar que los mayores sean atendidos como corresponde».