Un Gobierno de coalición en Madrid «sin perder de vista las políticas del PP»

El pacto de PP y Cs será el primero en la Comunidad que cuente con el respaldo de un grupo parlamentario ajeno al Gobierno. Vox apoyará a Isabel Díaz Ayuso siempre que cumpla con las exigencias pactadas.

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó ayer que la bajada de impuestos, la libertad y la eficacia en los servicios públicos «serán nuestras premisas» en el gobierno que se forme en Madrid. Y es que, tal y como destacó, «la Comunidad de Madrid es la primera vez que va a ser gobernada por un gobierno en coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido y esto nos va a obligar ahora más que nunca a trabajar, consensuar con sensatez y con la premisa del diálogo y el consenso permanente».

Eso no significa, sin embargo, perder de vista las políticas que el PP ha venido desarrollando hasta ahora. Se trata de «tenerlo en cuenta porque otros gobiernos del PP han conseguido que hoy seamos la primera economía de España y que durante 16 años hayamos ido bajando los impuestos de manera consecutiva y que se disfruten en Madrid de las mayores cuotas de libertad y de mejores servicios públicos», recordó Díaz Ayuso.

La candidata popular y futura presidenta madrileña explicó que su programa de Gobierno se centrará en el acuerdo firmado con Ciudadanos, que consta de 155 puntos, a lo que se sumarán las propuestas presentadas ayer por Vox, que «permitirán inaugurar un nuevo modo de gobernar». Díaz Ayuso espera que se celebre el debate de investidura cuanto antes, porque «será mejor para todos» y criticó al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, por lo «desacertado» de sus declaraciones cuando considera que las propuestas de Vox «no son excesivas, sino cuestiones asumibles por cualquier ciudadano, no supone derechizar nada».

Pos su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, aseguró que se facilitará la investidura de Isabel Díaz Ayuso bajo la premisa de que la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid y sus socios de gobierno, acepten introducir, entre otros, los siguientes puntos.

En el apartado de impuestos, Vox reclama que se eliminen o reduzcan al máximo todos los impuestos existentes en la Comunidad, con respeto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, al no incremento de la deuda y a la eficiencia del gasto público. Además, se racionalizará la estructura del Sector Público Institucional, eliminando aquellas agen-
cias, empresas públicas, entes y organismos que no respondan a criterios razonables de uso del dinero público. Sin embargo, logra mantener que se hagan auditorías de las subvenciones otorgadas en la última legislatura.

Respecto a las cuestiones de ayuda al desarrollo, el documento propuesto por Vox pretende que los recursos para la Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid vayan destinados de forma prioritaria a proyectos de desarrollo de la región para frenar la despoblación y/o paliar sus efectos en las zonas rurales y mejorar las zonas marginales que aún existen en nuestra comunidad. También pretende que sirvan para favorecer el acceso al mercado laboral de las personas en situaciones vulnerables.

Además, se destinarán los recursos procedentes de la reducción de gasto político y de la reducción del Sector Público Institucional a aumentar el presupuesto disponible para educación, sanidad, ayudas a la dependencia y ayudas a la discapacidad, que, según venía manteniendo Vox, es «lo que realmente importa a los ciudadanos».

En el ámbito educativo, la formación de Santiago Abascal propone también que «se respete la potestad de los centros educativos de adaptar los contenidos formativos al ideario del centro, siempre que éste sea coherente con los principios de libertad de educación recogidos en la Constitución Española». Pero también se introducen la defensa de la libertad de cátedra, y la progresiva implantación del «cheque escolar» que comenzará con la educación de 0 a 3 años. Además, y en clara sintonía con PP y Cs, «se promoverá la libertad de elección de centro educativo».

Vox renuncia a derogar algunos artículos de la ley LGTBi que consideraba que atentaban contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales. Sin embargo, quiere que se refuercen los protocolos existentes en los centros educativos para que «se asegure que cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección».

Sanidad gratuita garantizada

El documento presentado por Vox exige colaborar con la Administración General del Estado «para asegurar una inmigración ordenada, legal y respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo». En concreto, se garantizará que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan acceso directo, de acuerdo siempre con la Ley de Protección de Datos, a la información de que dispone la Administración Regional sobre los extranjeros en situación irregular. Sin embargo, renuncia a que los inmigrantes irregulares tengan que hacerse cargo del pago de la Sanidad.

El acuerdo obliga también a «revisar y modernizar la política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados (menas)». Además, asegura que «ningún extranjero ingrese en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad. En caso de no cumplirla, la Administración Regional contactará con los organismos competentes para la acreditación oficial de su edad, así como para los procedimientos necesarios contemplados en nuestras leyes».