Un nombramiento y una destitución anuladas

La Justicia estimó que la cesión del ex jefe de Policía no era legal pero Fraile no acató al sentencia. El nuevo Gobierno lo ha hecho

La factura de los casi 900 euros por las gorras policiales vio la luz precisamente a cuenta de los problemas con el pago a proveedores que tenía el Ayuntamiento. Con la llegada del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores DDL 4/12 de 24 de febrero, promovido por el Ministerio de Hacienda, el Consistorio sacó todas las facturas pendientes de pago para que cada empresa entrara en la página de la Agencia Tributaria y las aceptase. Sin embargo, Drager no pudo hacerlo porque su factura no se encontraba en la página.

Entonces, presentó una solicitud de modelo oficial para acogerse al plan (con fecha de entrada 27 de marzo de 2012, es decir, casi dos años y medio después de que se realizase la compra). Una vez recibida, el departamento de Intervención municipal comprobó si podía acogerse a la ayuda impulsada por el Ministerio de Hacienda, pero la petición se denegó (el 10 de abril de 2012) porque no constaba en el sistema de información contable. 14 días después de esta notificaión desfavorable por parte del Ayuntamiento, al fin Drager presentó su factura. «Sólo» tres años después de la compra de las gorras. Pero era demasiado tarde. El departamento de Intervención dio traslado de la misma al técnico responsable, que dio su visto bueno, así como el concejal de Seguridad, todavía del equipo de Fraile.

La factura ya aprobada fue devuelta a Intervención para proceder al reconocimiento de la obligación, pero al estar en el ejercicio 2012 y ser la factura de 2009, no se podían reconocer obligaciones fuera del ejercicio presupuestario, con lo que la factura pasó a una especie de «limbo jurídico» y se archivó en Operación Pendiente de Aplicar al Presupuesto (OPA) en junio de 2012.

A día de hoy, la factura sigue en OPA y, «oficialmente», sigue sin pagar y sin que la empresa haya vuelto a reclamar nada. Parece extraño que en los últimos tres años no hayan pretendido cobrar al menos parte de los casi 900 euros que, en teoría y si no se cobró en «B», el Ayuntamiento de Parla adeuda a esta empresa.

Las gorras de la discordia, además, fueron compradas para un nuevo jefe policial que, según la Justicia, fue nombrado de forma irregular. Sin embargo, el anterior alcalde, José María Fraile, no acató ni esa ni otras sentencias encaminadas a anular ese decreto y a restituir en su puesto al predecesor. Sí lo hizo a los 15 días de jurar cargo el nuevo alcalde del PP. Luis Martínez Hervás manifestó ese día que «los servidores de la Administración pública deben garantizar que se cumpla la legalidad vigente y trabajar para los ciudadanos», y que no deben «estar centrados en desavenencias o desacuerdos con distintos funcionarios de la Administración pública».