La Policía investiga el suicidio de una mujer tras difundirse un vídeo sexual suyo

Una foto de archivo de la planta de Iveco en España
Una foto de archivo de la planta de Iveco en España

Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de Olvido Hormigos, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses.

La Policía Nacional de Alcalá de Henares ha abierto una investigación sobre el caso de la mujer que se quitó la vida el sábado tras difundirse entre sus compañeros de trabajo un vídeo sexual suyo de hace cinco años.

La Policía ha abierto la investigación de oficio, ya que la fallecida no había interpuesto denuncia. Los agentes están analizando el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa en la que trabajaba, del grupo Iveco.

Por el momento, no se ha producido ninguna detención y se trata de averiguar si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas. La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, se mostraba muy preocupada por lo que opinaría su marido, ya que se grabó antes de que se casara con él. Según relatan fuentes cercanas al caso, el marido vio el vídeo el viernes. Al día siguiente la mujer se quitó la vida en su casa de Alcalá de Henares.

Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de Olvido Hormigos, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.

La mujer, harta del acoso sufrido por sus propios compañeros de trabajo, llegó a acudir a Recursos Humanos en busca de consejo, y allí le recomendaron que denunciara, pero decidió no ir por esa vía. Sin embargo, desde la empresa tampoco activaron el protocolo de acoso exigido por ley.

La fallecida pertenecía al sindicato CGT, que confirmó el suicidio pero pidió «cautela» para que «no se especule hasta que se aclaren todas las circunstancias». Así, en un comunicado emitido ayer, la sección del sindicato en Iveco dijo que su compañera trabajaba en la planta de la capital y que los hechos alrededor de lo ocurrido «no se han aclarado todavía». Desde CGT «lamentan profundamente toda la situación de desconcierto que se ha producido y solicitan paciencia y prudencia».