El Gobierno regional busca consenso para reformar la Ley de Presupuestos

El objetivo es adelantar el pago de la extra a diciembre de este año y pagar a los docentes interinos

Los diferentes grupos que conforman el arco parlamentario de la Asamblea regional recibirán, en los próximos días, la citación por parte del Ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez para llegar a acuerdos que modifiquen la Ley de Presupuestos. Así lo expresó ayer la consejera de Cultura y Portavocía, Noelia Arroyo, inquirida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En declaraciones a los medios, insistió en que los cambios legislativos están enfocados, principalmente, a la «devolución de la extra en diciembre de 2016 en lugar de en enero del próximo año -como estaba previsto en el Acuerdo Sindical-, el pago de los meses de verano a los interinos docentes y el levantamiento de la suspensión de las ayudas de acción social».

De este modo, la consejera transmitió las conclusiones alcanzadas tras el análisis técnico de la ley por parte del Consejo de Gobierno. Por ello, informó de la repercusión económica que provocó la presentación de enmiendas de los grupos de la oposición a la Ley de Presupuestos, «sin que estuvieran reflejadas en el estado de gasto y, por tanto, sin crédito asignado».

A la vista de dicho análisis, y debido a que la modificación de la Ley debe pasar previamente por la supervisión de la Asamblea Regional «antes de que comiencen las vacaciones estivales», el Gobierno autonómico anunció la decisión de iniciar una ronda de contactos con los grupos políticos representados en la Cámara Parlamentaria «para acordar con ellos una solución consensuada en el cambio de la ley».

Situación de bloqueo

No obstante, advirtió Arroyo, los cambios conllevan unas consecuencias. Debería tratarse de una modificación «necesaria y responsable», ya que recordó que las obligaciones carecen de presupuesto «y para garantizar ese dinero, el Gobierno murciano ha tenido que bloquear algunas partidas de los Presupuestos que afectan a todas las Consejerías y que ascienden a un total de 64 millones de euros».

Entre las más destacadas, citó algunas restricciones que tendrán que sufrir los Ayuntamientos de la Comunidad, además de otros sectores que también están asumiendo las consecuencias por tener bloqueadas las partidas previstas.

«Tendremos que decidir de dónde se quita el dinero y dónde se pone, puesto que no hay más recursos económicos, no hay más ingresos y la Ley de Presupuestos tiene la dotación económica que es la que es».

En este sentido, Arroyo explicó que la Consejería de Presidencia es la que coordina la labor de gobierno y ha iniciado las reuniones con la Federación de Municipios de la Región, ya que los Ayuntamientos «son los que están sufriendo en mayor medida las consecuencias».

Por ello, anunció que el Ejecutivo autonómico está pendiente de convocar la Mesa General de negociación para el próximo mes de julio para «recuperar los derechos de los empleados públicos».