Las sanciones podrían oscilar en los 0,72 euros por metro cúbico extraído

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ha avanzado la localización de 3.600 hectáreas de regadíos ilegales, «que en principio, no constan que estén inscritas en el registro».

Antes del inicio de la reunión de la Junta de Gobierno, Urrea ha señalado que «hay que poner en valor esta cifra cuando la superficie que se puede regar en la cuenca del Segura, de acuerdo a la planificación, son 262.000 hectáreas, estamos hablando de un 1,5 por ciento».

Por lo que ha querido trasladar el mensaje de que «la mayor parte de los regadíos en la cuenca del Segura está sujeta a la ley y aquellos que no estén en esa situación, la CHS determinará su situación cuanto antes», y en caso de no ser legal, procederá a sanciones.

Una vez comprobado la «ilegalidad», se trata de la sanción propia «por el hecho de realizar esa actividad no ordenada», que implica una sanción económica y en paralelo, la valoración del daño al dominio público hidráulico.

«Si la CHS es capaz de probar la cantidad de agua extraída de manera ilegal, tiene una sanción de 0,72 euros por metro cúbico extraído». Una cantidad «muy importante», ha apostillado, que ninguna cuenca en el territorio nacional tiene una sanción «de esa envergadura».