La okupación de viviendas públicas en la Comunidad de Madrid cae un 75 por ciento

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer que en su primera reunión, aún sin fecha, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le pedirá un cambio legal para poder desahuciar a los okupas en 12 o 24 horas. Así lo avanzó en un desayuno informativo, organizado por Europa Press. Además, también desveló que esta misma semana dará instrucciones a los servicios jurídicos de la Comunidad para que se agilice al máximo el desalojo de okupas en viviendas públicas. «La okupación es un problema que, como tantos otros, se está extendiendo por toda España y quienes tienen las competencias para atajarlo no hacen nada», advirtió.

Según la datos de la Delegación de Gobierno pertenecientes a 2018, en la Comunidad de Madrid hay unas 4.200 viviendas ocupadas, de las cuales la mitad corresponderían a viviendas públicas de la Agencia de Vivienda Social, y el resto son viviendas libres ocupadas.

El Ejecutivo autonómico denunció hace unas semanas ante la Fiscalía Superior de Madrid la ocupación de 59 viviendas públicas por parte de mafias. Se trata de inmuebles de la Agencia de Vivienda Social, 16 están en la capital y el resto repartidos en diez municipios.

Desde la Comunidad atribuyen la usurpación de estos pisos a grupos de delincuencia organizada que se lucran con los inmuebles. Tráfico de drogas, prostitución y despiece de vehículos son algunas de las prácticas delictivas detectadas a estas supuestas mafias.

La Comunidad ha constituido, junto al Ayuntamiento de Madrid, una mesa de trabajo sobre la okupación y ha solicitado a la Delegación del Gobierno que extreme la vigilancia en zonas sensibles. Las medidas que se están adoptando se están realizando desde las consejería de Vivienda en colaboración con la de Justicia.

Medidas de presión

Según destacan desde la Comunidad de Madrid, en la región la presión que se está ejerciendo ha comenzado a dar sus frutos. Si se toma como referencia las viviendas asaltadas –conocidas por el método de «patada en la puerta»– y que son propiedad de la Agencia de Vivienda Social, los datos son contundentes: durante 2018 se asaltaron 79 viviendas de la AVS, (una media de 6,5 al mes) y hasta la primera mitad de 2019 se asaltaron 47 viviendas, (una media de cinco al mes). Pero, desde la puesta en marcha el pasado octubre de la citada mesa y hasta ayer, se han asaltado ocho, una media de 1,6 viviendas al mes.

Desde que se están adoptando las medidas se ha reducido el número de pisos asaltados por mes a la cuarta parte respecto a 2018 –un 75% menos de viviendas asaltadas– y a un tercio respecto las que iban de 2019 –un 68% menos de viviendas asaltadas–.