Acumulan miles de euros en multas y, en el peor de los casos, sus cuentas bancarias han comenzado a ser embargadas. Vecinos y residentes de Lavapiés y del barrio de las Letras denunciaron ayer el «abuso» cometido por el Ayuntamiento de Madrid. Desde julio y agosto del año pasado, comenzaron a ser multados por entrar en la zona restringida de Madrid Central. ¿El motivo? Pese a que todos ellos contaban con autorizaciones APR, el anterior Gobierno municipal, liderado por Manuela Carmena, revocó los mismos poco antes de dejar el poder. Después, aseguran, la actual corporación no les notificó directamente esas revocaciones. Esta suspensión se hizo oficial en el Boletín Oficial del Ayuntamiento, pero no les fue comunicada a los afectados de manera personal, afirman.

En esta situación se encuentra Ángel Cobos. En una visita a Correos comprobó que le habían llegado ocho multas de golpe. La sorpresa fue aún más desagradable cuando verificó que tenía 44 más. En total, suponen unos 4.000 euros de multa. «Es una estafa», aseguró Ángel.

Por su parte, Ángeles Navarro supera las 30 multas por entrar indebidamente en Madrid Central, lo que suponen exactamente 3.150 euros en sanciones. Una cifra parecida a la de Carlos Santos. En el caso de éste último, relata que en sus consultas por Twitter al 010 le aseguraron que su acceso no era motivo de sanción.

«Antes de esta convocatoria hemos intentado llegar a una solución», afirmó Ana Rojo, residente del barrio de Las Letras y otra de las personas afectadas. Su desconfianza es tal que, aunque ya pueden acceder con sus permisos, prefiere utilizar alguna de las 20 invitaciones que los residentes tienen disponibles para evitar males mayores.

Estos vecinos dicen que se han intentado reunir con el delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Finalmente concertaron una cita con miembros de su equipo. «Solo nos invitaron a llevar a cabo acciones judiciales», dice Rojo. Un paso que todavía no quieren dar hasta agotar todas las vías posibles de negociación. «Nos gustaría llegar a una solución política», afirmaron.

En total, hay en torno a 75 personas que se encuentran en esta situación. Sumando todas las sanciones, el importe supera los 100.000 euros. Lo peor, según afirman desde la Asociación de Vecinos La Corrala, es que ya se han empezado a embargar cuentas bancarias: al menos dos familias se encuentran en esta penosa situación.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sostuvo ayer que desde el Gobierno municipal «estamos arbitrando todos los medios necesarios para las multas que hayan sido impuestas como consecuencia de errores e ineficiencias de Madrid Central». Unas deficiencias «que algunos ya advertimos cuando dijimos que Madrid Central era una chapuza, que estaba improvisado, y nos cayeron todo tipo de improperios y descalificaciones», expresó el primer edil desde el parque de Plata y Castañar, en Villaverde Alto y recogió Ep.

Problemas heredados

Almeida indicó que esto se debe a que la medida se puso en marcha de forma «irreflexiva y poco planificada», por lo que ya intuían «que iba a haber problemas». «Los problemas los estamos viendo ahora, los hemos heredado, y nosotros queremos dar la cara ante los ciudadanos y decirles que hay multas que se imponen por ineficiencias que no son achacables a ellos», precisó. Estas sanciones son imputables, según el regidor, a «la improvisación con la que se puso en marcha Madrid Central».

«Nosotros dijimos que no nos gustaba, pero, ya que estaba, había que aplicarla correctamente, algo que no hizo el anterior equipo de Gobierno. Somos conscientes de los problemas que ha generado Madrid Central, de las molestias y las multas injustas colocadas en ocasiones por la falta de información de la anterior corporación», concluyó.