David Perez: «En Madrid no permitiremos los experimentos de Sánchez en vivienda»

David Pérez dice que se siente un privilegiado por trabajar en lo que más le gusta: el mundo local. En su quehacer diario se encuentra ir de pueblos. Allí pasa más tiempo que en la sede de la Consejería. «Mi despacho está en cada plaza de los 179 municipios de la región».

Cuenta que entre lo más satisfactorio de su trabajo se encuentra dar buenas noticia a los alcaldes de municipios pequeños. «Les anuncias que se van a construir nuevas viviendas en su localidad y ves el brillo en los ojos al pensar van a dar un futuro a su pueblo. Eso paga cualquier sinsabor de una gestión pública, que no es fácil».

-¿Por qué no se ha resuelto todavía el problema que hay con el suministro eléctrico en la Cañada Real?

-Los apagones empezaron a producirse en octubre. A las 48 horas nosotros ya alertamos de la situación social que se podría producir, sobre todo con las familias niños y personas mayores si ese corte de suministro se prolongaba en el tiempo. Convocamos a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Madrid a una reunión e iniciamos las conversaciones con la empresa suministradora.

Llevamos hasta la fecha más de 54 reuniones y gestiones específicas para este asunto de la luz. Fue la Comunidad la que llevó la iniciativa de buscar una solución. Con la Delegación del Gobierno se acordó el 20 de octubre que iba a hacer un plan de choque para desmantelar las plantaciones de droga que existen porque son la causa de los apagones por la sobrecarga eléctrica que provocan las plantaciones de marihuana. Pero la Delegación del Gobierno nunca ejecutó ese plan. En noviembre se volvió a comprometer a desmantelar las plantaciones, pero tampoco lo hizo y nunca ha dado ninguna explicación del porqué. Si ese plan de choque se hubiera ejecutado no habría ocurrido lo que hemos visto en los meses más fríos. Hemos llamado a todas las puertas posibles para buscar una solución pero no tenemos las competencias en materia de seguridad.

-¿Y por qué la Delegación del Gobierno no desmantela las plantaciones ilegales de marihuana?

-Desconocemos la razón. Nunca he querido criticar a la Delegación por esta razón. Pensé que esa actuación se iba a producir, pero el paso del tiempo hizo que llegara el escenario que nosotros más temíamos.

-¿La culpa entonces de lo que ocurre en la Cañada Real con el suministro eléctrico es de la Delegación del Gobierno?

-No me gusta plantearlo como una responsabilidad única. Se ha producido una situación de corte de suministro y una vez buscada la solución, no entiendo por qué la Delegación no ha cumplido su compromiso de desmantelar las plantaciones de este poblado ilegal. Lo digo desde la máxima lealtad institucional. Nosotros estamos realojando a familias. El pacto de la Cañada debe seguir más allá de lo que tiene que ver con el suministro.

-La Comunidad ya recibió una denuncia de un señor que murió por falta de luz. ¿Esperan más?

-No puedo saberlo.

-El caso de la Cañada se ha llevado al Defensor del Pueblo. ¿La Comunidad ha recibido algún requerimiento?

-Si, se ha dirigido a la Comunidad para pedir esa solución. Es importante que, cuando se actúa desde las instituciones, se tengan claras las competencias de cada cual. Igual que en materia de Emergencia Social la tienen los ayuntamientos, nosotros respecto a la Cañada tenemos la de mediación e interlocución a través de nuestro Comisionado para la Cañada Real o la de realojo en colaboración con los ayuntamientos afectados, que es lo que ahora ejecutamos: el de 150 familias. La Comunidad adquirirá más de 350 viviendas nuevas para continuar con estas labores.

Si hablamos del caso estricto de los apagones, que el Defensor tampoco olvide llamar a la puerta de la Delegación del Gobierno porque estamos esperando que realice esa actuación a la que se comprometió.

-En Madrid hay cuatro okupaciones al día. ¿Con la crisis puede haber un aumento de casos?

-Por ahora no se ha puesto de manifiesto ese incremento, aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha un pacto contra la okupación y hemos tomado medidas desde la Consejería para reducir al mínimo el riesgo de okupación en las viviendas públicas, que son la mitad de las que están en este momento usurpadas en la Comunidad.

Hemos presentado una querella contra las mafias de la okupación ante la Fiscalía, hemos elaborado protocolos para que los policías locales sepan cómo actuar en cada momento para frenar la okupación en las primeras horas y se ha conseguido reducir las okupaciones.

-¿El último decreto antidesahucios del Gobierno de Pedro Sánchez es una «barra libre» a la okupación?

-Sin duda, las políticas de Pedro Sánchez son de fomento de la okupación, de la intervención pública, de la restricción de derechos constitucionales. Vemos estas políticas de vivienda con preocupación. Unas veces buscan establecer topes en las viviendas de alquiler, que es una medida que ya ha demostrado su fracaso en Berlín o París. Es una medida ideológica y va a ser contraproducente. Otras veces son soluciones como la del decreto antidesahucios, sobre el que nosotros tenemos dudas de su constitucionalidad: atenta contra la propiedad privada y de igualdad de derechos de los ciudadanos que están a la espera de su vivienda social y ese decreto pretende que sean adelantadas esas familias por los okupas. En el Gobierno hay dos almas, la socialista y la podemita, pero parece que se están fusionando y advertimos una podemización de la parte socialista. A quienes hay que proteger es a las víctimas de la okupación, no a los okupas.

-¿Cómo es posible hacer una política de vivienda en Madrid cuando la del Gobierno central va en dirección opuesta a lo que la Comunidad cree que hay que hacer? ¿Es posible manejarse en esta situación?

-No es fácil, pero es posible. Cuando se están haciendo constantemente anuncios que generan incertidumbre en el sector, lo que provoca es una reducción de la oferta y perjudicar el derecho a la vivienda y al sector inmobiliario. Por eso nosotros promovimos un pacto por la vivienda que diera estabilidad al sector que permite que haya más oferta. Ya hemos sufrido los años del Gobierno de Carmena, donde se paró la construcción de pisos y eso provocó una restricción de la oferta y el aumento de los precios. Perjudicó a muchos jóvenes a la hora de tener acceso a la vivienda.

Madrid se va a resistir, hasta donde la ley nos permita, a cualquier medida que suponga subida de impuestos para la vivienda, invasión de competencias o medidas intervencionistas. No vamos a permitir los experimentos ideológicos en vivienda de un gobierno a la deriva como el de Pedro Sánchez. Son políticas erróneas.

-¿Cómo va a evolucionar el mercado de la vivienda?

-En la Comunidad de Madrid se van a construir más de 100.000 viviendas con algún tipo de protección, entre ellas las 25.000 del Plan Vive o en el desarrollo de Madrid Nuevo Norte o los desarrollos del Sureste. Estamos ya construyendo 1.500 nuevas.

Con respecto a la venta, se están registrando bajadas significativas de al menos el 10% y en el alquiler también, de un 5%.

El sector inmobiliario y de la construcción puede ser motor de la recuperación tras la covid y hay que apoyarle con la colaboración público privada.

-¿Todos los ayuntamientos han sabido gestionar bien lo ocurrido con la nevada Filomena?

-En los Ayuntamientos socialistas se ha echado en falta una mejor gestión. En algunos casos, los alcaldes han estado ausentes. En uno, en concreto, la alcaldesa no apareció hasta pasados tres días y en otros no han tenido la previsión adecuada.

-¿Tendremos Presupuestos? ¿Vox dará su apoyo?

-Sí, porque están pensados para hacer frente a los retos que se han planteado con un escenario distinto al de años anteriores. Otra cosa no se entendería.

-¿Ayuso y Aguado acabarán la legislatura juntos? ¿Habrá moción de censura?

-No imagino ningún otro escenario que no sea completar la legislatura y cumplir nuestros programas y ayudar a los madrileños a superar las situaciones tan duras que se nos han planteado y que requieren unidad.