Sobre la mesa de su despacho, en la calle Alcalá, el ingente número de carpetas desplegadas da buena cuenta del volumen de competencias que tiene bajo su mando Enrique Ossorio. Consejero de Educación, Universidades y Ciencia, además de portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Repasa con LA RAZÓN los principales retos para esta legislatura, lamenta que el PSOE haya optado por el camino de la madrileñofobia y avisa: si llega la armonización fiscal prometida por Moncloa, acudirán al Tribunal Constitucional.

–¿Cuáles son los grandes objetivos del Gobierno hasta 2023?

–Uno de los más importantes, sin duda, para la presidenta es el de la natalidad. Ella ya anunció esa medida de los 14.500 euros desde el embarazo en el quinto mes hasta que el niño cumple dos años para incentivar la natalidad entre las menores de 30 años. Otro reto es el medio ambiente y Ayuso, con motivo del convenio de Madrid Nuevo Norte, ha empezado actuando, no como otros que dicen que les gusta mucho la economía verde y luego son sólo palabras. Se ha comprometido a levantar una planta de tratamiento de residuos. Otro tema de interés son los jóvenes, que consigan un empleo y emanciparse teniendo una vivienda y ahí tenemos el Plan Vive que pretende conseguir 15.000 viviendas. Y en materia educativa, la rebaja de las ratios, la digitalización de las aulas y la reforma radical en la formación del profesorado.

–La gran asignatura pendiente de Ayuso sigue siendo sacar adelante unos presupuestos. ¿Cree que habrá problemas con la actual mayoría?

–Confío en que no haya problemas y las consejerías ya estamos trabajando para el presupuesto de 2022. Tenemos un modelo reciente que es el que se elaboró para 2021, sobre el que no alcanzamos un acuerdo con Cs y Vox. Pero tenemos un problema: el 80% de los ingresos depende de las entregas a cuenta que nos comunique el Ministerio de Hacienda y a día de hoy no nos lo ha comunicado. Normalmente se comunicaban a finales de julio. Todavía estamos a tiempo pero ese es un elemento fundamental. Yo confío en que tendremos presupuestos. Hablaremos con los diputados de Vox porque necesitamos su concurso.

–Sobre la armonización fiscal: ¿tienen capacidad para no cumplir con ese plan de Moncloa o Madrid deberá asumirlo?

–Habría que ver cómo lo articula el Gobierno. Viendo cómo articulan las cosas, que los tribunales se las tumban todas, confío en que en este caso, como es un despropósito, se lo tumben también. En el año 1996, se acuñó el concepto de corresponsabilidad fiscal. Y se dijo que las comunidades, dentro de unos límites, pueden hacer una política fiscal propia. Se pusieron unos límites en todos los impuestos para que no hubiera una competencia nociva. Veinticinco años después lo que ha sucedido es que Madrid se ha convertido en la primera región económica de España. Si el Gobierno hace esta barbaridad, la Comunidad de Madrid acudirá a los tribunales y al Constitucional. Lo que no puede ser es que los impuestos de Madrid, que se deciden en la Asamblea de Madrid, ahora los decidan en un despacho Sánchez, Rufián y Ximo Puig. Eso me parece escandaloso. Me parece lamentable que se conculque la competencia sobre fiscalidad de los diputados elegidos por los madrileños.

–Hablando de Puig, ¿qué le parece su idea para que Madrid compense a los demás territorios por, según ha dicho, sus «privilegios»?

–El PSOE está fomentando la madrileñofobia desde todas las administraciones, desde el Gobierno de la Nación, desde el Ministerio de Sanidad y, ahora, a través de sus líderes regionales. Lo que ha dicho el presidente valenciano es un absoluto despropósito. Madrid ha conseguido ser la primera economía de España desde que gobierna el Partido Popular. Cuando gobernaba Leguina, Madrid no era la región más rica, era la capital porque lo somos desde 1560. No éramos la región más rica de España; era Cataluña. No éramos la región más rica por habitante. Estaban por delante Cataluña, País Vasco y Navarra. Los dirigentes del PSOE tienden a echar las culpas de sus errores a los demás. El señor Puig tiene un auténtico infierno fiscal. Si quiere recaudar más y mejorar la situación de los valencianos, lo que tiene que hacer es imitarnos. Se lo podemos explicar a él y le hacemos un favor. Son unas manifestaciones realmente lamentables que tienen su causa en la instrucción que Sánchez ha dado desde el PSOE de seguir con esa madrileñofobia.

–¿Vive mejor el Gobierno de Ayuso confrontando con Moncloa y con Pedro Sánchez?

–Nosotros tenemos confrontación contra el Gobierno de Sánchez porque el Gobierno de Sánchez confronta contra nosotros. Queremos aplicar impuestos más bajos y llega Sánchez y dice que va armonizar los impuestos para subirlos. Estaríamos deseando que dijera que lo que quiere es bajar los impuestos. En Educación, llega la anterior ministra y dice que los hijos no son de los padres y carga contra la concertada, y entonces nosotros salimos en defensa de la concertada porque el suyo es un debate absurdo en el siglo XXI y que demuestra su sectarismo. En materia de Sanidad, Madrid siempre ha ido por delante de Sánchez. Nosotros no confrontamos, nos encantaría que nos diera más dinero de los fondos europeos y no que le diera a Valencia más teniendo dos millones de habitantes menos. Sinceramente, que el Gobierno de Sánchez lo haga tan mal no es nada bueno para nosotros.

–¿Cree que la izquierda ha hecho una lectura correcta de los resultados del 4-M?

–Su madrileñofobia demuestra que no han aprendido nada. Los resultados del 4-M fueron consecuencia de la buena gestión que se hizo en Madrid y los madrileños reaccionaron contra el continuo castigo que, desde el Gobierno de España, se hacía a las decisiones de Madrid. Cualquier decisión nuestra era confrontada. Creo que no han aprendido. En estos momentos en la Asamblea, los diputados del PP suman más que las tres izquierdas. Lo que los madrileños, y no sólo los votantes de centro derecha, le han dicho al PSOE es que nos les gustan los radicalismos.

–¿Es posible reducir el número de diputados tal y como acordaron el PP y Vox?

–Una reducción razonable de diputados es posible. En nuestro programa electoral planteamos 101, porque pensamos que con esa cifra se puede desarrollar la labor parlamentaria de forma razonable. Ahora mismo hay 136. Cifras menores irían contra la eficacia.

–¿Hay, por tanto, 35 diputados que sobran perfectamente a día de hoy en la Asamblea?

–En este momento, hay 136 diputados y estoy seguro de que van a hacer una gran labor, pero, poderse hacer, se podría con 101. Si estamos en un escenario de ir a una reducción de gasto y una mayor eficiencia, pensamos que se podría reducir a esos 101.

–¿Cuánto tienen de teatralización y cuánto de diagnóstico acertado las críticas de Vox sobre los problemas inseguridad en las calles y de adoctrinamiento en las aulas?

–Todos queremos que haya más seguridad. Ayuso está fomentando que vengan más guardias civiles y policías nacionales, y les facilitamos casas y alquileres más baratos, pero no encontramos la ayuda del Ministerio del Interior. Los datos de Madrid son de una comunidad segura. Yo creo que es una exageración lo que plantea en ocasiones Vox. Sobre el adoctrinamiento en los colegios, puedo decir que es una absoluta exageración. Cuando Vox ha planteado este tema, yo pregunté. Aquí tenemos 2.000 centros educativos y pregunté a las direcciones territoriales si teníamos casos de adoctrinamiento o quejas de las familias... y había dos tuits y una queja no formal. Esos son los datos que me dieron. Salieron unas imágenes de una clase que decían que era de Madrid y, en realidad, era en Brasil.

–¿Cómo interpreta el cese de la ministra Celaá en el momento actual?

–Es un poco raro estando a medias el desarrollo de la Ley Celaá y la tramitación de la Ley de Formación Profesional. En un proceso tan complicado como la elaboración de una ley orgánica de Educación, que no es cualquier cosa, cambiar al ministro habla de un suspenso.

–¿Qué le plantea a la nueva ministra respecto a esta ley?

–Ellos quieren que todo el mundo titule lo cual es un deseo muy loable, pero el Gobierno lo que hace es devaluar los títulos. Ya no tiene remedio lo de aprobar el Bachillerato con un suspenso porque eso está en la Ley Celaá, aunque nos parece mal. Ahora están elaborando el decreto de evaluación y promoción y ahí lo que le pedimos a la ministra Alegría es que lo piensen mejor, que den unos criterios y unos mínimos para obtener el título de graduado en la ESO. Lo mejor es que el Ministerio los fije, y si no, que nos deje a nosotros. Hemos sabido que en un instituto de Sevilla un alumno con ocho suspenso y que no iba a clase, le han aprobado. Eso no puede ser.