La mayor ciudad judicial del sur de Europa estará en Valdebebas

356 órganos judiciales ubicados ahora en 28 sedes judiciales de la capital se concentrarán en 375.000 metros cuadrados. Las obras empezarán en 2023

Nueva Ciudad de la Justicia
Nueva Ciudad de la Justicia FOTO: José Luis Montoro

Los juzgados de Plaza de Castilla, la Audiencia Provincial, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía de Madrid... hasta 28 edificios judiciales que albergan hasta 356 órganos judiciales y que se encuentran dentro del partido judicial de la capital cambiarán de sitio para concentrase en uno solo en un plazo de tres años como máximo: Valdebebas. Todos ellos estarán concentrados en las proximidades del hospital Enfermera Isabel Zendal y con un nuevo intercambiador que ya estará operativo para entonces. Es lo que pasará a llamarse «Ciudad de la Justicia», un antiguo proyecto que ahora se recupera libre ya de trabas judiciales y que «vive de los errores del pasado para que no vuelvan a repetirse», ha asegurado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Precisamente, hoy informará al Consejo de Gobierno del proyecto, lo que será el primer paso para el comienzo de la nueva Ciudad de la Justicia, que «podría convertirse en la mayor operación judicial del primer cuarto del siglo XXI en nuestro país», según López, y hará de Valdebebas la mayor ciudad judicial del sur de Europa que, además, estará muy próxima al aeropuerto de Madrid-Barajas.

De hecho, dará una otra fisonomía a la parte noreste de Madrid. La nueva Ciudad de la Justicia concentrará los 28 edificios judiciales en una sola parcela longitudinal propiedad de la Comunidad de Madrid, situada junto al Instituto de Medicina Legal, que ya está en funcionamiento y muy próximo al hospital Enfermera Isabel Zendal. ¿Qué justifica este mastodonte administrativo? Según López, «el partido judicial de Madrid es el centro judicial de España. Lo demuestran las cifras facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según el cual, solo en 2020, justo en plena pandemia, los órganos judiciales ingresaron solo en Madrid capital 328.133 asuntos, casi los mismos que recibieron Barcelona, Sevilla y Valencia juntos. De este modo, «por eficiencia, racionalidad y mejora del servicio necesitamos la nueva Ciudad de la Justicia y, si no existiera el proyecto, habría que inventarlo», sentenció el consejero.

Una de las ventajas de la concentración de sedes judiciales será, precisamente, la cercanía entre ellas, lo que agilizará los trámites a efectos prácticos. Además, se da la circunstancia de que Madrid no es la única capital en la que todas sus sedes judiciales estarán en un mismo lugar. Barcelona, Zaragoza, Valencia o Málaga ya cuentan con infraestructuras similares. De ahí que el consejero de Justicia piense que «en términos de eficiencia, comodidad y racionalidad tiene todo el sentido esta infraestructura». No contará con grandes edificios de diseño, se tratará de construcciones sostenibles, y accesibles, además de funcionales para dar servicio a los ciudadanos. Además tendrán señalética en braille y pictogramas y se tratará de humanizar este servicio público.

De este modo, los recintos judiciales, estarán diseñados con recorridos diferenciados para víctimas (especialmente los más vulnerables) y presuntos agresores.

Modelo de concesión

Aunque el suelo es propiedad de la Comunidad de Madrid, para la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia se optará por el modelo de concesión previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Para empezar y una fórmula por la que optaron otras administraciones autonómicas para la reunificación de sus órganos judiciales, como es el caso de Cataluña.

Dada la envergadura del proyecto, la Comunidad encargó mediante un concurso público un estudio de viabilidad económica para la construcción, conservación y explotación del proyecto a la UTE Eguesan, un proyecto que se someterá a información pública las próximas semanas. Las conclusiones de ese estudio se conocerán hoy, precisamente, en el Consejo de Gobierno.

Con la fórmula de la concesión, se fija una inversión inicial que se fija en 507 palabras que recae en capital privado y que se encarga de asumir los riesgos de la operación. Esto, a su vez, «asegura la estabilidad financiera de la Comunidad y en un escenario de contención presupuestaria, como el que se avecina, la fórmula de la concesión no supone mayor endeudamiento para la Hacienda Pública madrileña.

El plan previsto es una concesión de hasta 40 años con un canon anual que pagaría la Comunidad de Madrid de 50 millones. La inversión, según ha detallado el Gobierno regional, sería inferior al gasto de 72 millones que cada año el gobierno regional dedica a la administración de justicia, lo que incluye también arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico, correo o archivo, entre otras cosas.

Además, se da la circunstancia de que la extensión dedicada a administrar justicia en la capital sería de 375.000 metros cuadrados, una cifra que supone aumentar un 65% los 228.000 metros cuadrados actuales en los que la Comunidad reúne 28 edificios judiciales. Para hacernos una idea, ocuparía el doble de lo que hoy es Ifema.

La primera piedra de la obra se pondrá en 2023, y se espera que concluyan en el plazo de tres años. A partir de ese momento, será cuando la Comunidad de Madrid empezará a desembolsar los cánones. Y tendrá que hacerlo durante un plazo aproximado de 36 años. A partir de ese momento, pasarían a ser propiedad de la Comunidad de Madrid, que vería aumentado su patrimonio con edificios que podrían tener una vida útil de hasta cien años.

¿Qué recibirá la empresa que sea adjudicataria de la obra? Además del canon anual, también recibirá ingresos por la explotación comercial de los bajos y el entorno de los edificios. Y es que la idea es instalar restaurantes, oficinas, sucursales bancarias, farmacias, guarderías, gimnasios y aparcamientos.

Otro detalle a tener en cuenta es que el concesionario tendrá que asumir todas las labores de mantenimiento y el servicio integral de seguridad y vigilancia, limpieza de instalaciones, archivo y gestión de documentación y todos los servicios que permitan garantizar el buen funcionamiento de loa infraestructura, según ha informado la Comunidad de Madrid.

A partir de hoy, en que se detalle al Ejecutivo autonómico el informe de Eguesan, «se deberá publicar el estudio de viabilidad y la estructura de costes para someterlos a exposición pública. Tras estudiar y estimar o no las alegaciones, la consejería de Presidencia, Justicia e Interior volverá a informar del resultado de ese proceso al Ejecutivo. A partir de entonces, se aprobará el anteproyecto técnico y, en paralelo, se deberán elaborar los pliegos de la concesión, que deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno. Por último, solo quedaría sacar a concurso los pliegos de licitación para la redacción del proyecto, construcción y explotación», aseguran la Comunidad de Madrid.

Hervidero de profesionales

Las nuevas infraestructuras judiciales atraerán a numerosas personas a la zona de Valdebebas que en tres años tendrán allí su sede habitual de trabajo. Se calcula que unas 31.000 personas podrán hacer uso a diario de las nuevas infraestructuras judiciales al convertirse en el centro de trabajo de los 5.000 funcionarios, 184 fiscales, 709 magistrados, 558 letrados de la Administración de Justicia y casi un centenar de forenses que trabajan en este ámbito. Además, el proyecto contempla la posibilidad de que pueda ampliar la plantilla en un futuro.

Nuevo intercambiador

El proyecto contempla un plan de movilidad y el traslado hasta Valdebebas en transporte público quedará garantizado con un intercambiador, de 5.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, sobre una superficie de 25.000 metros cuadrados –incluyendo zona de esparcimiento–. Está pensado para conectar autobús urbano, eléctrico, Cercanías... Además, se incorporarán dársenas, no solo de autobús, sino también para parada de taxis, bicicletas y patinetes eléctricos.

El proyecto se ha creado partiendo de la base de una imagen claramente identificable por los usuarios. Por eso se han fabricado estructuras metálicas inspiradas en los árboles, de forma que generen la imagen de un bosque artificial, proporcionando una transición suave desde el Parque de Valdebebas a la zona urbana en la que se está convirtiendo el barrio de Valdebebas. Así, la estructura estará formada por una especie de paraguas invertido. Simula un arbolado urbanita, con grandes paños de vidrio que conforman la fachada y que permiten una visión general del conjunto en todo su perímetro.

Aprovechando las grandes dimensiones de la parcela, se crean también espacios recreativos para el barrio, como son la plaza anexa al intercambiador y un parque donde la vegetación cumplirá un papel importante. De él se podrán beneficiar, sobre todo, los usuarios de la Ciudad de la Justicia.

El presupuesto de la obra está estimado en 32 millones de euros. Pero, a diferencia de otros proyectos similares, está previsto que se financie con Fondos Feder. Eso permitirá que las obras de construcción no necesiten costearse firmando contratos en régimen de concesión con empresas por un período de 25 años. Así, no habrá tantas tiendas, como en el intercambiador de Príncipe Pío, por ejemplo, y sí zonas de restauración. Se trataría, en este caso, de introducir un concepto más de jornada laboral.