La familia de Ayuso, centro de los ataques de la izquierda regional

El presunto caso de espionaje de Génova a la presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a situar en el centro del escenario a la familia de Isabel Díaz Ayuso. La anterior situación vino dada por el caso “Avalmadrid”. Según denunció la Asociación Libre de Abogados (ALA), la presidenta habría incurrido en un delito de alzamiento de bienes después de que sus padres le donaran, en octubre de 2011, un piso. Dicha donación, según la versión de los abogados, se habría producido para evitar que el inmueble fuera objeto de reclamación por parte de la entidad pública Avalmadrid, que había concedido un crédito en 2011, por un importe de 400.000 euros, a la sociedad MC Infortécnica, de la que eran socios sus progenitores.

El caso fue atendido por el Tribunal Supremo, que inadmitió, tal y como había solicitado la Fiscalía, la querella presentada contra Isabel Díaz Ayuso al no apreciar “indicios consistentes” de que la presidenta de la Comunidad de Madrid cometiese un delito de alzamiento de bienes. Los magistrados de la Sala Segunda rechazaron que dicha donación se llevara a cabo para “evitar que el bien inmueble referido pudiera ser objeto de reclamación” por parte de Avalmadrid.

Así, la Sala Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, no apreció “la concurrencia de indicios consistentes contra la persona aforada en este momento”. “No era socia de MC Infortécnica; no consta que conociera su situación económica y societaria; no intervino en la operación de crédito o de aval; no era avalista ni deudora; no consta que conociera la deuda; y no se aprecia ningún indicio de que actuara en connivencia con los demás querellados para evitar el pago de la deuda de aquella sociedad”, concluyeron los magistrados.

En lo que respecta al hermano de Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de noviembre se produjo una monumental “bronca” en la Asamblea de Madrid, después de que la diputada regional del PSOE, Carmen López, afirmara que el hermano de la presidenta se dedicaba “a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a que empresa hay que contratar”. Unas palabras que provocaron la expulsión de la diputada por parte de la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo. “Está haciendo usted alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea, no con palabras amables ni neutras, sino con palabras muy graves. No se me ocurre nada más en contra de las reglas de la cortesía parlamentaria. Le llamo al orden. Le pido que no insista en una acusación de tal calibre y además que retire esa acusación”, le expuso Carballedo.

Las palabras de la diputada del PSOE vinieron dadas por una información publicada por El Confidencial en mayo del pasado año y que, en esencia, coincidía con la información publicada hoy por El Mundo. Según el rotativo, cargos del Partido Popular próximos a la dirección nacional habrían contactado con detectives privados para encargarles una investigación secreta contra la presidenta. Y más concretamente, sobre su hermano, Tomás Díaz Ayuso: sospechaban que podría haberse llevado una comisión por un contrato que el Ejecutivo regional concedió a un supuesto empresario amigo. Dicha concesión se habría producido en abril de 2020 para adquirir mascarillas FPP2 y FPP3, con un importe de 1,5 millones de euros.