Caso ITV: Un asesor que «no sabía nada del tema» avaló perdonar 2,5 millones a una empresa

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y parte de los miembros de la Junta de Gobierno que han acudido a declarar al juzgado, se escudaron en el consejo de un asesor externo para perdonar la deuda a una ITV de Móstoles por valor de 2,5 millones porque «nos dijo que era legal». Por este asunto está investigado el equipo de gobierno al completo después de ser acusado de un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos que ha generado una crisis institucional sin precedentes. Así consta en las declaraciones ante el juzgado que instruye el caso tanto de la alcaldesa, como de cuatro de los concejales citados a declarar el pasado día 16 de febrero, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Así, según declararon ante la jueza, el 20 de octubre de 2020 se aprobó en la Junta de Gobierno, por la vía de urgencia reducir al 50% la deuda del concesionario, el canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales. ¿Por qué se hizo esto? «Nos dijeron que era legal y que era lo más beneficioso para el ayuntamiento, el mal menor», aseguraron a preguntas de la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles tanto la alcaldesa como cuatro de los siete concejales llamados a declarar.

«Se nos dijo que si no tomábamos un acuerdo de este tenor, el Ayuntamiento no cobraría porque la ITV estaba en preconcurso de acreedores», detalló la alcaldesa durante su comparecencia el pasado día 18 de noviembre.

¿Pero quién se encargó de asesorar al Ayuntamiento de Móstoles sobre la conveniencia de aplicar esta supuesta «amnistía fiscal» a una empresa privada de la segunda ciudad más grande de la Comunidad? Los concejales dan fe ante la jueza de que el interventor estaba en desacuerdo con la decisión (que luego puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas), a diferencia del Tesorero. Es por esto por lo que se acude a un asesor externo al Ayuntamiento que trabajaba para la empresa municipal IMS y que es experto en derecho concursal, según explicaron, y él mismo reconoce ante la jueza después de que también fuera llamado a daclarar como testigo. El asesor detalla que acudió a la Junta de Gobierno a petición de la Concejala de Urbanismo, María Luisa Ruiz, para recibir su consejo antes de aprobar el perdón de la deuda. Pero hasta el propio letrado experto en derecho concursal asegura ante la jueza sobre el asunto en cuestión que no tenía información previa. «Yo no sabía nada del tema con anterioridad. Sabía que se iba a hablar de un tema concursal, que había una propuesta encima de la mesa y que me iban a preguntar, si lo consideraban (...) No tuve acceso a ninguna documentación. Fui a la Junta de Gobierno, el interventor dijo que no se podía hacer ninguna quita y le dije que no estaba de acuerdo», reconoce. Al mismo tiempo expone que «si no se llega a una quita lo más probable es que la empresa se hubiera ido a liquidación (...) y al Ayuntamiento no le llegaría nada probablemente», dijo después de hacer una exposición técnica de los motivos.

La concejala de Urbanismo, María Luisa Ruiz, admitió que había un informe desfavorable del Interventor sobre la posibilidad de perdonar la deuda (que fue cesado meses después). El informe se quedó sobre la mesa en una primera reunión y, para subsanar esta discrepancia, se pidió al Tesorero otros dos complementarios. Finalmente, el consejo del asesor externo fue el que sirvió de «desempate» a la hora de dar luz verde a la medida aprobada de urgencia. Es la misma línea argumental que siguen en su declaración David Muñoz, primer teniente de Alcalde; Alejandro Martín, el portavoz del PSOE y concejal de Seguridad en el Ayuntamiento además de secretario general de los socialistas de Móstoles; Rebeca Prieto, la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías , María Luisa Ruiz, concejala de Urbanismo durante su declaración el pasado 16 de febrero. El lunes fue el turno de la concejala de Igualdad, Dolores Triviño, la anterior responsable de este área ya jubilada, Beatriz Benavides y la edil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, de Podemos. Ahora está por ver si la jueza instructora del caso abre o no juicio oral, lo que pondría en un serio aprieto al PSOE.