La diputada del PSOE cuya hija presuntamente estafó a UGT se plantea dejar su acta

Fue la primera que sembró dudas sobre el hermano de Díaz Ayuso al lanzar en la Asamblea de Madrid que el hermano de la presidenta regional se dedicaba a ir por los hospitales «sugiriendo a las unidades de contratación a qué empresas hay que contratar». Ayer, el grupo parlamentario socialista decidió retirar a la diputada socialista Carmen López de todas sus responsabilidades en las diferentes comisiones después de que su hija esté investigada por estafa al sindicato UGT por desviar, presuntamente, dos millones de euros del sindicato. «La dirección del grupo ha decidido retirar todas las responsabilidades de las diferentes comisiones parlamentarias a Carmen López para protegerla a ella y al interés del desarrollo de la acción política. Por su bien, lo más lógico es que no siguiera asumiendo esas responsabilidades en las diferentes comisiones», dijo ayer el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato.

Las comisiones en las que ha sido dada de baja son la de Vigilancia de las Contrataciones, la del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado además de la de Transportes e Infraestructuras.

La cuestión está en ver si López renuncia o no a su acta de diputada, una decisión que podría adoptar en las próximas horas pero sobre la que el grupo parlamentario nada puede decidir. «Renunciar o no a un acta es una decisión personal y estrictamente suya. No se lo he solicitado porque no es una decisión que se pida de esa manera y en las conversaciones que ha tenido el grupo parlamentario con ella se ha reflexionado sobre la situación», dijo ayer Lobato a los periodistas en la Asamblea. El portavoz socialista admitió que éste podría ser un escenario, pero el grupo parlamentario «no se lo ha planteado como una instrucción u orden». De hecho, Lobato admitió que la diputada socialista «está en un momento complejo y delicado».

Pero más allá de que nadie achaque una responsabilidad a la diputada socialista directamente, el PSOE trata de “proteger su acción política”, como el mismo portavoz socialista admitía teniendo en cuenta que no hay pleno en la Asamblea de Madrid en la que Lobato recuerde a la presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene pendiente dar explicaciones sobre el caso de su hermano y la compra de material sanitario durante la pandemia.

La situación ha generado diversas reacciones. El portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, no se quiso pronunciar sobre la medida adoptada por la dirección del grupo parlamentario socialista al considerar que se trataba de una decisión del PSOE.

Más crítico fue el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano. «Sorprende que quien cuestionó la honorabilidad de la presidenta sea apartada de sus funciones y que el PSOE lo haga para protegerla a ella y salvaguardar la acción política. No lo hacen por convicción ni por ética política», sentenció ayer.

Lobato dijo ayer estar dispuesto siempre a «dar la cara y a responder a todas las preguntas que se me hagan», pero desde que ha tomado las riendas del PSOE madrileño no ha hecho más que verse enfangado en procesos judiciales que han salpicado directa o indirectamente a alcaldes o diputados socialistas y que enturbian su camino político previo a la cita electoral de 2023. Muchos de estos casos, precisamente, de acabar mal, podrían ser un golpe importante a su candidatura.

A este nuevo charco judicial que se le ha abierto al dirigente socialista, hay que añadir el de la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, que no dimitió pese a haber sido condenada a cinco años de inhabilitación por quiebra de la empresa municipal de gestión inmobiliaria. La regidora entonces argumentó que no afectaba a su cargo de alcaldesa y que su inhabilitación afectaba al ámbito de la gestión de las empresas privadas y que dejó claro que contaba con el respaldo de Lobato.

Otro de los escándalos estalló cuandola alcaldesa de Móstoles y su equipo de gobierno se vieron investigados por perdonar supuestamente tasas municipales a una empresa privada. El PSOE no actuará hasta que no haya sentencia. A esto se ha sumado últimamente la «operación pantano» en San Martín de Valdeiglesias. La ex alcaldesa socialista fue detenida acusada de corrupción urbanística, fraude y malversación.