Los informes que destaparon la “Operación Pantano” contra el equipo socialista de San Martín de Valdeiglesias

La actual alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, la popular Mercedes Zarzalejo, narraba este fin de semana a LA RAZÓN que lo que sucedía en este pueblo del oeste de Madrid bajo los gobiernos socialistas era un secreto a voces: «Un municipio que lleva décadas gobernado por las mismas familias y ahora quieren recuperar el que ellos creen que es su hogar. No es solo cuestión de color político, se trata de que son familias en el poder». El secreto a voces se convirtió en escándalo político la semana pasada. En el marco de la «Operación Pantano» era detenida la ex alcaldesa del PSOE María Luz Lastras. También otros cuatro ediles y ex ediles socialistas del municipio, además de familiares de éstos y empresarios de la zona. En total, 17 detenciones en un caso con tintes de corrupción urbanística, fraude, malversación, actividades prohibidas a funcionarios y prevaricación.

El origen de la investigación que ha fructificado ahora en estas detenciones hay que situarlo años atrás. Y, más en concreto, en los informes emitidos por la interventora municipal en los que ésta señalaba las irregularidades cometidas por el equipo de Gobierno liderado por Lastras. LA RAZÓN ha tenido acceso a esos informes de la Intervención Municipal.

Trámites esenciales pasados por alto

En uno de estos documentos, fechado en junio de 2019, en el que se fiscalizan tres gastos por valor de 3.005 euros cada uno –un importe global de 9.015 euros–, la interventora detecta hasta cuatro reparos: no ajustarse la tramitación de las facturas al procedimiento previsto para los contratos menores, habiéndose omitido un trámite esencial; la falta de conformidad de la factura por el personal responsable del servicio/suministro/gasto; el incumplimiento de los requisitos del contenido de las facturas; y la falta de documentación necesaria para comprobar la capacidad de contratación y la retención del IRPF.

Meses antes, en agosto de 2018, la interventora ya había emitido otro demoledor informe sobre la Cuenta General del Ayuntamiento del año 2017. Las irregularidades detectadas se acercan a la decena. Especialmente en lo que concierne a los gastos de personal: «Los créditos iniciales destinados a productividades (82.251,08 euros) y gratificaciones (3.702,39 euros) en el Presupuesto de gastos de 2017 se han sobrepasado en 11.452,12 euros (4.009,09 euros en productividades y 7.443,03 euros en gratificaciones)», señala el informe. Destaca a este respecto como «significativo» el «descuadre» en la concejalía de Seguridad Ciudadana, en la que los créditos previstos para pagar la productividad se superaron en 17.095,56 euros y los de las gratificaciones extraordinarias en 9.865,42 euros.

Y hay más. El informe de la interventora pone el acento en el «problema estructural» del Ayuntamiento en relación al personal laboral, ya que hasta el 74,74% de los 1.227.851,44 euros corresponde a personal laboral temporal. Y en este sentido subraya «el uso inadecuado de los contratos temporales, que se han ido manteniendo en el tiempo de forma indefinida». No se quedan ahí los reproches de la interventora al equipo de Lastras en lo que tiene que ver con estos trabajadores del Ayuntamiento. Lo vuelve a hacer con motivo de complementos salariales que estos empleados percibían sin que pudieran sostenerse en ninguna normativa: «Derivado de todo ello surge también el problema respecto a las retribuciones del personal laboral. La gran mayoría de los trabajadores municipales –no sólo temporales– tienen asignados con carácter permanente y de forma simultánea toda una serie de pluses no previstos en el contrato de trabajo ni en el Convenio Municipal».

Licitaciones y contratos

Fuera de los gastos de personal, el informe también apunta a las sombras en torno a los «gastos corrientes» de la Cuenta General de 2017: «El Capítulo II cierra el ejercicio con unas obligaciones reconocidas netas de 2.329.531,41 euros, de los cuales sólo el 40,66% corresponden a servicios o suministros que hayan sido objeto de licitación pública pública (947.312,02 euros)». Un reproche que implica que ni más ni menos que hasta el 60% de los gastos corrientes, el 59,34% en concreto, se han articulado a través de la contratación menos. Esto es, un total de 1.382.219,49 euros a través de esta modalidad de contratación.

Otro reparo de la Intervención también está relacionado con la relación del Ayuntamiento con algunas empresas. En concreto, «se vuelve a constatar la existencia de terceros que han facturado al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias incurriendo en la omisión de un trámite esencial en el procedimiento como es no tributar por IVA, cuando no están exentos, y respecto de los cuales tampoco consta el alta en el IAE», lo que supone «una facturación irregular cuyo importe global a 31 de diciembre de 2017 ha sido de 7.139,67 euros».

Destaca además, entre otras muchas irregularidades, que se «han quedado facturas por importe de 124.805,40 euros sin poder imputarse al presupuesto de gastos por falta de consignación presupuestaria».

Irregularidades todas ellas que ahora se dirimirán en el proceso abierto en el marco de la «Operación Pantano» y que, a tenor de lo que ahora reconocen vecinos y autoridades, era conocido por todos: «Lo sabía todo el mundo en el pueblo. A mí me lo contaban los vecinos», reconoce la actual alcaldesa del pueblo.

Las irregularidades