Más Madrid cuela en la Asamblea el debate de la marihuana

La regulación de la marihuana se ha convertido ya en una cuestión recurrente en el ámbito político. Es una de esas «iniciativas Guadiana» que cada cierto tiempo saltan de nuevo a la palestra, aunque sin demasiado éxito hasta la fecha.

Hace menos de un año, en el Congreso de los Diputados, se intentó forzar una regulación del cannabis de uso adulto impulsada por Más País, sin que llegara a buen puerto. Ahora el debate se traslada a la Asamblea de Madrid, después de que Más Madrid, que ya ha presentado varias iniciativas sobre este asunto y ha defendido su legalización en su programa electoral, vuelve a la carga con una nueva iniciativa aprovechando que hoy se celebra en la Puerta del Sol la marcha mundial por la marihuana convocada por organizaciones del sector cannábico.

Su propuesta, que ha sido registrada por el diputado de Más Madrid Jorge Moruno, tiene forma de proposición no de ley y lo que pretende es que la Comunidad de Madrid haga un estudio del impacto económico, sociosanitario y criminológico que podría suponer su regulación.

Y no solo eso, lo que pretende es que sea la Comunidad de Madrid la que inste al Gobierno de España a llevar a cabo una «regulación responsable en adultos con la finalidad de combatir el mercado negro, proteger a los menores, garantizar la salud pública mediante estándares de calidad certificados, y crear una legislación específica de regulación bajo criterios laborales, de género, territoriales, sociales y de sostenibilidad».

Moruno plantea su petición amparándose en la idea de que la legislación actual «no es capaz de presentar un solo indicador positivo, al contrario, provoca el aumento de los negativos: del consumo, del mercado negro y la proliferación de un producto adulterado. La regulación protege mejor la salud y la seguridad de los usuarios adultos, aleja el cannabis de los menores y mantiene los beneficios fuera del mercado negro».

Pero Más Madrid encuentra, además, otra motivación económica como es el hecho de que mediante la regulación del cannabicas, «estaríamos reforzando nuestro tejido productivo e incrementando los ingresos públicos», dice Moruno, habida cuenta del clima privilegiado que tenemos que, junto a la formación, «podríamos liderar el sector del cannabis europeo y mundial». Y es que, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, se podrían crear alrededor de 100.000 empleos y unos ingresos vía impuestos de aproximadamente 3.312 millones de euros anuales.

Los de Mónica García se basan en otra idea, como es el hecho de que hay un amplio respaldo social a esta idea basándose en los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Así, ya hay más gente (49,7%) que está a favor de una regulación integral del cannabis —recreativo y medicinal—, en comparación con quienes rechazan esa posibilidad (40,9%). Además, más del 37% de los españoles de entre 15 y 64 años han probado el cannabis alguna vez en su vida, según los datos de la encuesta EDADES elaborada por el Ministerio de Sanidad en 2019.

Pero la iniciativa no tiene perspectivas tampoco de llegar a buen puerto tampoco en la Asamblea de Madrid ya que no cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos. Tampoco del Gobierno de Díaz Ayuso.

Problema de salud pública

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, considera que, en estos momentos, «el cannabis es la droga con más prevalencia entre los jóvenes madrileños, a lo que se suma que consumir drogas es un problema de salud pública y con la despenalización se vulneraría la protección del derecho a la salud recogida en la Constitución española”.

Tampoco se espera que cuente con el apoyo del partido liderado por Rocío Monasterio y sería extraño que la iniciativa fuera apoyada en la Cámara madrileña por el PSOE, cuando hace un año que el grupo parlamentario socialista en el Congreso no apoyó una petición similar que hizo Íñigo Errejón en la Cámara Baja.