La nueva Ley de Universidades obligará a doblar el presupuesto en Madrid

La Comunidad de Madrid está dispuesta a seguir dando la batalla educativa ahora con la Ley de Universidades (LOSU). Y es que considera que el proyecto de ley dado a conocer por el ministro Joan Subirats el lunes podría tener visos de inconstitucionalidad. De hecho, Ayuso ayer detalló que Madrid estudiará todos los aspectos de «dudosa constitucionalidad» de la nueva normativa de cara a la próxima Conferencia Sectorial de Universidades, que está prevista el 31 de mayo.

«El nuevo anteproyecto universitario da alas al nacionalismo, da privilegios en algunas comunidades autónomas, según se hable una lengua u otra, donde muchas veces no se tiene en cuenta la autoridad y el papel tan importante que tienen nuestros profesores, que no son simple amigos y colegas», dijo en la clausura del curso de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid. Ayuso lamentó que con la nueva norma «ahora se pretende incluso examinar al propio profesor como si su papel no fuera realmente importante o también se pretende poner al frente de los rectorados aquellos que no son catedráticos. Es volver otra vez a no reconocer la excelencia y al sabio».

En un primer análisis de la normativa, la Comunidad de Madrid considera que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) «incrementa la politización de las universidades y reduce el grado de excelencia de los docentes», además de «no solucionar los problemas actuales y reducir la calidad del sistema. Es contraria al pensamiento libre y al fomento de la investigación». «Es una despropósito para el sistema universitario español que continúa el camino de eliminación de la cultura del esfuerzo y de los méritos académicos ya emprendidos con la Lomloe».

Por otro lado lamenta que de una «excesiva participación» al estudiantado en planes de estudio y guías docentes. Y es que los alumnos podrán hacer un seguimiento del profesor en las comisiones donde se habla de planes y guías docentes. Incluso podrán negociar los exámenes. La Comunidad de Madrid tampoco está de acuerdo con que se legitimice el derecho a la huelga a los estudiantes y que eso no tenga consecuencias de ningún tipo.

Madrid tampoco ve con buenos ojos que ahora sean menos exigentes los requisitos para convertirse en rector de una universidad de tal manera que no haga falta ser catedrático, un requisito que ha sido eliminado. La ley da libertad a cada universidad para que elija el sistema de elección que considere. Se podrá ostentar el cargo durante un máximo de seis años improrrogables y no renovables.

También lamenta la ruptura del criterio único nacional a la hora de acreditar funcionarios docentes. Y es que ya no será la agencia evaluadora ANECA la que haga solo esta función. Firmará convenios con las agencias autonómicas para que también puedan desempeñar esta labor, un cambio que «ahonda aún más en los diferentes criterios de los territorios de España», aseguran desde la Consejería de Educación y Universidades.

La norma también recoge la posibilidad de que tengan más financiación las universidades que hacen uso de la lengua propia, un aspecto que «supone la marginación del profesorado de habla en español y otra cesión más del Gobierno de España a las comunidades gobernadas por independentistas».

En cuanto a la financiación de las universidades, que en el plazo de diez años sería del 1 % del PIB, la Comunidad de Madrid lamenta que se anuncien medidas con implicaciones económicas pero luego no se aclare de donde va a salir el dinero. Y es que, en el caso de la Comunidad, si ahora se destinan cerca de mil millones de euros a las universidades, con la nueva ley se necesitará dedicar el doble, es decir 2.000 millones, según los cálculos de la Comunidad.