Madrid planta cara a Sánchez: la abstención de Vox permite la aprobación de la ley de autonomía fiscal

La Asamblea de Madrid ha aprobado en la tarde de este jueves la Ley de Autonomía Fiscal y Financiera. El voto a favor del Partido Popular y la abstención de Vox ha permitido que esta nueva norma supere su último trámite parlamentario antes de su entrada en vigor, que se sustanciará una vez se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Con esta ley, uno de los compromisos de investidura de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, Madrid busca rearmarse ante los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de acometer una armonización fiscal a nivel autonómico que suponga una subida de impuestos a los madrileños por la puerta de atrás.

Esta ley busca blindar los derechos de los madrileños en esta materia. Desde la Puerta del Sol insisten en que estos derechos están reconocidos tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de Autonomía de Madrid, en sus artículos 156 y 51, respectivamente. Tanto la Asamblea de Madrid como los órganos superiores de Gobierno y de la Administración madrileña deberán utilizar “todos los mecanismos legislativos a su alcance ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región”.

La ley regulará la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo regional para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. También se reglamenta la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria, señala el Gobierno regional. Busca además garantizar la transparencia en la información sobre la actividad financiera de la Comunidad de Madrid y el funcionamiento y control de la actuación pública tributaria. Esto implica que se informará a los ciudadanos madrileños, entre otros aspectos, del destino final de la aportación que realizan a los ingresos públicos, o de su situación tributaria en relación con otras comunidades autónomas o, en su caso, regiones extranjeras.

“Non son fantasmas”

El diputado del PP Álvaro Ballarín ha asegurado que esta norma nace a raíz de que el Ejecutivo central ha querido “hacer saltar el tablero” de la fiscalidad porque en Madrid las cosas “iban mejor” que en las autonomías socialistas donde se “suben impuestos”. Ha defendido que no son “fantasmas”, sino que desde el Gobierno de España ha habido varias manifestaciones apuntando a una armonización fiscal que se traduciría en aumentar tributos a los madrileños. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ha remarcado que se parte de un supuesto “falso”, un “delirio”, como que pueda haber una amenaza de “perder la autonomía”, un “riesgo que no existe” que además no contempla la Constitución. “Si la autonomía financiera no está en riesgo, ¿qué pretende? (...) Pretende políticamente atar de manos a los futuros gobiernos de la Comunidad para que tengan que ir al TC”, ha afeado Gutiérrez, quien lo ve antidemocrático.

El parlamentario del PSOE Fernando Fernández Lara, ha asegurado que no incluye novedad normativa alguna, que es “innecesaria” y que, además, no respeta “ningún principio de seguridad jurídica”. “Si esto se hubiera aprobado en Cataluña, ¿qué estarían diciendo desde el PP? ¿Hablarían de sedición, de romper España, de aplicar el artículo 155? Es eso lo que estarían diciendo”, ha remarcado. El diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha tachado de “fuego de artificio” y “sin efecto real” la Ley que no puede “blindar nada” y que se “limita a decir lo que dice la Constitución”. Ha advertido, además, de que si funcionara se estaría dando “un arma” a los independentistas. Aún así, ha afirmado que seguirá saliendo adelante para no dar “ni una victoria” a la izquierda en esta Legislatura. La diputada de Unidas Podemos Sol Sánchez ha calificado la Ley de “delirio” porque su objetivo es “garantizar lo ya garantizado”, mientras que se promulga una “libertad” cuando no pueden ejercer la autonomía financiera “sin sometimiento pleno al derecho”.