El Tribunal de Cuentas cerca ahora a Posse con el «caso ITV»

El «caso ITV» está dando más de un quebradero de cabeza a la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, y a su equipo de Gobierno. Primero fue origen de una crisis institucional sin precedentes después de que los miembros de la Junta de Gobierno tuvieran que desfilar por el juzgado para declarar tras la querella criminal presentada por los portavoces del grupo Más Madrid en el Ayuntamiento, Gabriel Ortega y Susana García. Acusaban al Gobierno de Posse de una supuesta «amnistía fiscal» a empresas a las que se había perdonado el pago de los cánones municipales.

En concreto, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles estuvo investigada por un delito de malversación y prevaricación por perdonar los cánones municipales por la cesión de un terreno del Ayuntamiento a una ITV por valor de 2.455.725,39 euros.

El asunto, sin embargo, quedó archivado provisionalmente en mayo pasado después de que la magistrada que investigaba el caso concluyera que no había delito de malversación ni de prevaricación y que el acuerdo alcanzado por el Gobierno municipal con la ITV respetaba «la legalidad y la normativa vigente». Más aún, «se evitó que la mercantil (la ITV) fuera declarada en concurso de acreedores, con el perjuicio que eso hubiera supuesto», concluia la magistrada.

El caso, de momento, ha acabado de manera favorable para la alcaldesa y su equipo en los tribunales, aunque aún está pendiente que próximamente la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso de apelación que interpuso contra el archivo del caso Más Madrid y al que se ha adherido la Fiscalía. De este modo, la vía penal no se da por cerrara definitivamente ya que el caso podría reabrirse.

El asunto puede que se complique en la investigación paralela que realiza el Tribunal de Cuentas. Se inició a raíz de que el interventor municipal, ahora removido de su puesto, denunciara ante el Tribunal del hecho de que se hubieran perdonado cánones a determinadas empresas privadas de la localidad, entre ellas una ITV.

El Tribunal de Cuentas tendrá que dilucidar ahora si la decisión adoptada por el Gobierno municipal con la citada empresa, supuso un perjuicio para las arcas públicas de la segunda localidad más grande de la Comunidad de Madrid. Podría exigir responsabilidades contables. Si esto fuera así, tanto la regidora de Móstoles, como otros miembros de la Junta Local, como Nati Gómez (Podemos), Alejandro Martín (PSOE) y David Muñoz (PSOE), entre otros, tendrían que responder de la deuda millonaria con su propio patrimonio.

El asunto ha empezado a preocupar en el Ayuntamiento de Móstoles después de la llegada al Consistorio de una notificación del Tribunal de Cuentas en la que le exige la entrega de documentación y un informe detallado con todo lujo de detalles de lo ocurrido. Pero lo más inquietante es que pide un certificado que determine quiénes fueron las personas que intervinieron en las actuaciones de los hechos denunciados. Es más, ordena que se comunique el nombre, el DNI, el domicilio actual y el correo electrónico de las personas que tuvieron responsabilidad en la decisión. «Se debe especificar los responsables que acordaron la reducción del canon anual (a la ITV de Móstoles) de los 147.653,99 euros originales a 60.000 euros por año, la quita de 615.000 euros de la deuda de los cánones impagados, y del fraccionamiento de la misma hasta el año 2040 sin intereses de demora ni garantía de pago», expone el Tribunas de Cuentas en el requerimiento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y que resumen la solución que se dio a la ITV por el Ayuntamiento ante la elevada deuda acumulada.

La petición hace pensar, además, que la investigación está muy avanzada habida cuenta de que se piden nombres y apellidos de las personas que tomaron la decisión sobre la ITV, por si hubiera que comunicarles algún tipo de responsabilidad. El Tribunal da de plazo hasta el 15 de diciembre de 2022 para que el Consistorio de la localidad del sur dé cumplimiento a todo lo requerido y que le permita esclarecer el asunto.

Así las cosas, el Tribunal podría tardar en resolver en un plazo de varias semanas, una vez recibida toda la documentación, tal y como aseguran fuentes consultadas por este periódico. El resultado se conocería antes de las elecciones municipales de 2023 y, de fallar en contra de la alcaldesa de Móstoles y su equipo, podría comprometer seriamente su candidatura a los próximos comicios si queda acreditado que su gestión supuso un perjuicio para las arcas municipales.

Segundo frente contable

Pero aún hay otro segundo frente contable que afecta exclusivamente al concejal de Hacienda, Victorio Martínez (PSOE), sobre el que el Tribunal de Cuentas ha pedido explicaciones.

En concreto, se trata de la empresa Conninser 2000 SL, a la que se habría condonado una deuda por valor cercano al millón de euros, al parecer, sin informes previos.

El antiguo Interventor municipal, relevado de su puesto tras interponer la denuncia, «descubrió que desde el inicio de la concesión, en el año 2009, hasta el año 2017, no se le había estado ni exigiendo ni recaudando los cánones correspondientes (...) Se ordenó de modo irregular en el año 2019 la suspensión del procedimiento de recaudación», expone el documento.

Al parecer, la deuda contraída por el Ayuntamiento era de 822.253 euros y «fue reconocida por resolución del concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Victorio Martínez» a finales del mes de diciembre en 2020 con advertencia de ilegalidad del secretario del Ayuntamiento porque, al parecer, faltaban los informes previos.

El Ayuntamiento «no recaudó los cánones entre 2009 y 2017», según la denuncia del interventor. En este último año, se decidió hacer una liquidación por todos ellos pero «a consecuencia de ese proceder se habría causado la prescripción de los derechos por los impuestos correspondientes entre 2009 y 2013». Así que, en relación con los cuatro años pendientes de abonar, «se concedió un plazo para su pago pero, al llegar el último día de dicho plazo, se ordenó la suspensión del procedimiento hasta que se resolviera una petición de la mercantil concesionaria para que el importe de los cánones adeudados fuese compensado con otros créditos que la empresa tenía con el Ayuntamiento», exponía la denuncia.