Más Madrid pone una querella a la alcaldesa de Móstoles por supuesta malversación al perdonar deuda a una ITV

El Gobierno de la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, se debilita a medida que pasan los días. El último en poner en cuestión su gestión es precisamente el que hasta hace poco era su socio de Gobierno y ahora apoyo fuera del Ejecutivo local: el grupo municipal Más Madrid. Sus portavoces, Gabriel Ortega y Susana García, han presentado una querella criminal ante un juzgado de Móstoles por presunto delito de malversación y prevaricación por haber procedido, supuestamente, a perdonar la deuda pública a la empresa privada ITV Móstoles S. L. por valor de 2.455.725,39 euros, según figura en la denuncia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Al parecer, el Ayuntamiento perdonó la deuda pública derivada de las tasas que supone la utilización de suelo público para que la empresa desarrolle su actividad. Los querellados son la regidora, Noelia Posse, y todo su equipo municipal, entre ellos, el secretario general y portavoz socialista, Alejandro Martín; el teniente de alcalde y secretario de organización del partido, David Muñoz; la concejala de Educación, Natividad Gómez, y el tesorero, además de la empresa.

El Grupo Municipal Más Madrid entiende que deben rendir cuentas ante la Justicia «al haber causado un perjuicio en el patrimonio del Ayuntamiento de Móstoles en el ejercicio de su cargo».

En la querella Más Madrid expone que la decisión de no cobrar la deuda responde al «mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero (…)» que atendieron «al interés de la empresa privada (…) La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos 20 años».

Además, expone en la querella que la decisión se tomó «eludiendo los informes» al incluir el asunto en el orden del día de la Junta de Gobierno por la vía urgente «a sabiendas de que los informes previos expresaban una frontal oposición de los altos funcionarios jurídico y económico (secretario e interventor) por el gravísimo perjuicio a las arcas públicas y la total falta de fundamento».

El Interventor Municipal ya lo advirtió

El propio interventor municipal ya advirtió al Ayuntamiento de lo improcedente de la operación hasta el punto de ponerlo en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que ha abierto una investigación sobre supuestos «tratos de favor» de Noelia Posse a empresas privadas como ITV Móstoles en lo que viene a ser como una especie de «amnistía fiscal». Sobre esta empresa en particular, el propio interventor ya denunció que entre 2013 y 2018 acumuló una deuda con el Consistorio que se eleva a 1.026.232,51 y sobre la que «ha habido una deficiente gestión del cobro de los cánones anuales por parte del Tesorero Municipal» y advertía de que no se habían cobrado las tasas de estos ejercicios con la consiguiente «pasividad municipal».

La propia alcaldesa ya pidió el cese del interventor al enterarse de que había acudido al Tribunal de Cuentas para informar de la situación y éste denunció ser víctima de una operación de «acoso y derribo». La regidora, sin embargo, ha esperado a que pasaran las elecciones del 4-M para materializar sus intenciones. El mismo día 5 por la mañana fue cesado por acuerdo de la Junta de Gobierno. El cese se produce, además, después de que el Pleno aprobase medidas de protección para funcionarios que denuncian corrupción.

El Ayuntamiento: “Pérdida de confianza”

Por su parte, el Ayuntamiento de Móstoles ha informado de que el cese del interventor tiene que ver con una cuestión de “pérdida de confianza” y se enmarca “dentro del proceso de renovación que está llevando a cabo para romper con cualquier rastro de corrupción en el Ayuntamiento”. El Ayuntamiento justifica el cese amparándose en la idea de que la firma del alto funcionario “está en los informes favorables a contratos que están siendo investigados por los Tribunales de Justicia por presunta corrupción dentro de las tramas Púnica y Gürtel”. Se trata, según dice, de “adjudicaciones autorizadas por dos ex alcaldes del PP imputados: Esteban Parro y Daniel Ortiz, con los que trabajó codo con codo en los episodios más negros de la historia del Ayuntamiento de Móstoles”.