
Polémica
Cara a cara del delegado del Gobierno y la alcaldesa de Alcalá con la polémica de la violación de una vecina de fondo
La Policía Nacional informó de la detención de un hombre originario de Malí y residente del CAED como presunto autor de la agresión sexual, y una juez ordenó su ingreso en prisión

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, se reunirán este jueves para una Junta Local de Seguridad que pondrá frente a frente a ambos dirigentes en un contexto marcado por el cruce de acusaciones sobre racismo e inseguridad en las calles a cuenta del Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) instalado en el acuartelamiento Primo de Rivera de la ciudad complutense en el año 2023. La relación entre Martín y Piquet se encuentran actualmente en su periodo de máxima tensión después de que a finales de junio se produjera la violación de una joven de apenas 21 años en las inmediaciones del centro. Los cruces de acusaciones entre el delegado y la alcaldesa han culminado con la reprobación de Martín en el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares esta misma semana con los votos a favor del Partido Popular y Vox.
Tras conocerse la agresión sexual a la joven en Alcalá, Piquet salió al paso de lo ocurrido para alertar de la inseguridad que había desatado el, a su juicio "sobreocupado", CAED en la ciudad y, aunque no llegó a afirmar que el presunto agresor fuera un migrante, el delegado del Gobierno sí alzó la voz contra lo que consideró fueron unas declaraciones racistas. A los pocos días la Policía Nacional informó de la detención de un hombre originario de Malí y residente del CAED como presunto autor de la agresión sexual, y una jueza ordenó su ingreso en prisión. Mientras tanto, el centro de Alcalá de Henares acogía ya concentraciones no autorizadas por la Delegación del Gobierno y que desembocaron en altercados y enfrentamientos con la Policía. La crisis a nivel social se evidenció con la detención de varias personas en unas concentraciones impulsadas por grupos como Núcleo Nacional -conocido por su participación en las protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz- y en las que se pedía el cierre del CAED. De hecho, la Delegación del Gobierno tuvo que intervenir para impedir que la primera de estas concentraciones se realizara precisamente a las puertas del centro. Por otro lado, la tensión a nivel político ha ido en aumento a medida que Piquet demandaba mayores garantías de seguridad por parte del delegado del Gobierno, y este afeaba a la edil alcalaína y a los miembros de su partido, el Partido Popular, que tan solo alzaran la voz por esta agresión -presuntamente cometida por un migrante- y no por las otras más de doce ocurridas en la ciudad desde 2024, vinculándolo todo a una narrativa racista. En este contexto, Martín ha cargado en repetidas ocasiones contra los delitos de odio, e incluso ha centrado parte de su agenda oficial en abordar este tema. A consideración del delegado, escenas como las vividas en Alcalá de Henares, o más recientemente en la localidad murciana de Torre Pacheco, son el resultado de una retórica que criminaliza a los inmigrantes, aunque las estadísticas no los vinculen a una mayor tasa de delitos, al menos en Alcalá.
Reprobación del delegado del Gobierno
En plenas tensiones entre Martín y la alcaldesa de Alcalá de Henares, con el Partido Popular y el Gobierno de la Comunidad de Madrid también inmersos en las críticas al delegado, el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad votó esta misma semana a favor de reprobar al delegado del Gobierno, así como de solicitar el Ejecutivo central el cierre del CAED. En la propuesta de reprobación, presentada por los 'populares' y respaldada por sus socios de Gobierno de Vox, se acusaba al delegado del Gobierno de no haber dado las explicaciones adecuadas y de actuar desde la "cobardía institucional y el enfrentamiento" ante la situación por la que atravesó Alcalá de Henares tras la agresión sexual. "Es un delegado ausente, servil y negligente", afirmaron desde el PP. Por otro lado, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, también ha involucrado a la Comunidad de Madrid en este asunto y ha señalado que el Gobierno regional mantiene una relación "meramente técnica" con Martín, que "se reprueba solo" con su actitud. "Esa reprobación el Gobierno de la Comunidad de Madrid la viene haciendo casi a diario", ha manifestado García Martín.
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