El exvicerrector de la UCM insiste en que Goyache impuso la cátedra «para la mujer del presidente»

El que fuera vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio lo dejó claro ayer en su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, como ya hizo en sus dos declaraciones como testigo en el «caso Begoña Gómez». El rector de la UCM, Joaquín Goyache, que era, entonces, su «jefe», le dijo «textualmente»: «Tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente».

Como así acabó ocurriendo con la puesta en marcha de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la que en 2020 se colocó al frente como codirectora a la esposa de Pedro Sánchez. Goyache acompañó la indicación al que era su número dos en el Rectorado de una pregunta «¿Tienes algún inconveniente?».

Doadrio recordó cómo le respondió que problema no había ninguno «si los documentos estaban bien». «Administrativamente, fue regular» la puesta en marcha de la cátedra, defendió, pero se mostró en desacuerdo con «las formas» en que se fraguó. El exvicerrector se sintió «obligado» a ponerse manos a la obra con la constitución de la cátedra y confesó que le «sorprendió» la premura con la que se realizó el proceso. Doadrio llegó a decir que pareció como si «todo un regimiento de personas» de la universidad se hubieran puesto a «ayudar» para tener lista cuanto antes la cátedra de Gómez.

No intervino en la certificación en el seno de la Complutense de que la mujer del jefe del Ejecutivo era «idónea» y cumplía con los requisitos para ocupar este puesto. El trámite le llegó «hecho» y sin que viniese firmado por ningún responsable del centro universitario público madrileño.

También acudió la asesora de Moncloa que la mujer de Sánchez usaba para gestionar sus asuntos privados, muchos de ellos académicos de la UCM. Cristina Álvarez, la última imputada en la causa contra Gómez, se acogió a su derecho a no declarar. La sesión de la comisión se suspendió al no presentarse el otro citado, el propio presidente. El Consejo de Estado dilucidará próximamente si está o no obligado a acudir.