El curso político arranca en dos días en Madrid con la legislatura muy avanzada y las decisiones anotadas en el calendario electoral. Isabel Díaz Ayuso cerró el anterior insistiendo en que Madrid es el motor económico de España frente a un Pedro Sánchez en «shock». Septiembre seguirá marcando el pulso entre la Puerta del Sol y la Moncloa, según aventura el conflicto con el reparto de menores no acompañados. El Gobierno regional sostiene que sus recursos están saturados y ha anunciado que recurrirá la medida ante los tribunales. La tensión, lejos de enfriarse durante el verano, se ha inflamado a cuenta de los incendios y amenaza con recrudecerse hasta el final del mandato. En la pugna, la vivienda se presenta como el gran desafío.

Los datos conocidos esta semana son elocuentes: el alquiler de una habitación en Madrid alcanza ya los 550 euros de media, según el informe de la plataforma Live4Life. Los estudiantes retrasan cada vez más la firma de los contratos esperando una oportunidad que rara vez llega. El mismo estudio revela un dato que ha sacudido a las universidades: el 45 % de los jóvenes decide dónde estudiar en función del precio del alquiler, lo que convierte el mercado inmobiliario en un filtro que condiciona proyectos vitales. El final del verano, lejos de ser un periodo de mudanzas, se ha convertido en un termómetro social que mide las dificultades para encontrar un lugar donde vivir.

Las hipotecas han crecido un 20 por ciento en la región en el último año, pero comprar una vivienda sigue siendo una aspiración fallida para la mayoría de familias. En el sector del lujo, la realidad discurre de otra manera: el Paseo de Recoletos ha desbancado a Serrano como la calle más cara de España, con precios de hasta 19.000 euros el metro cuadrado. «No se trata solo de adquirir metros cuadrados. Se compra estilo de vida y una experiencia asociada a un lugar irrepetible», asegura Felipe Reyes, director general de Property Partners en España, que esta semana ha revelado la fotografía de Madrid como «auténtico refugio de inversión y símbolo indiscutible de exclusividad».

La misma ciudad se convierte en terreno hostil para miles de jóvenes y trabajadores que ven cómo el alquiler consume buena parte de sus ingresos. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han aprobado programas de apoyo y facilidades para el acceso a la vivienda, pero los altos precios, la abultada demanda y la escasez de oferta convierten las medidas en insuficientes para dar respuesta a una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos.

Con este escenario, parece claro que la vivienda centrará el curso político y junto con la Ley de Universidades, la Ciudad de la Salud y la de la Justicia marcará la recta final de la legislatura. El Gobierno regional insiste en que la normativa estatal ha agravado la situación al desincentivar la oferta de alquiler, mientras desde Moncloa se defienden medidas como los topes en las zonas tensionadas, que han incrementado los precios allí donde se han puesto en marcha, según reconocen desde el PP y desde sectores inmobiliarios.

En la Asamblea, el PP ha prometido seguir apostando por medidas contra los okupas y que aceleren los desalojos, pero también por incentivar la construcción y rebajar trabas burocráticas. Las asociaciones de inquilinos reclaman, además, que se amplíe el parque público. La ciudad de Madrid cuenta con el mayor en régimen de arrendamiento de España, una circunstancia que las asociaciones consideran insuficiente. Según los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Gobierno, la capital lideró este año por primera vez este ranking, superando a Barcelona en número de vivienda en alquiler asequible municipal, pero lejos de los datos, lo cierto es que la escasez de vivienda es una realidad en la Comunidad.

El arranque de curso suma además otro ingrediente para el debate: la movilidad. Un 87 % de los madrileños considera que los problemas de desplazamiento afectan de manera negativa a su calidad de vida, siete puntos por encima de la media nacional, según un estudio de Midas publicado esta semana. El análisis concluye que el regreso al trabajo dispara el estrés en una región que concentra malos datos de tráfico y que, a la vez, se enfrenta al reto de ampliar su transporte público. Todo ello en medio de la batalla política sobre competencias y financiación, que se prevé que dure el resto del mandato.

La legislatura entra en su tramo decisivo y la vivienda el terreno donde se librará una de las disputas más intensas. Con las elecciones en el horizonte, las medidas admiten cada vez menos dilaciones y los contrastes son un riesgo. Así se ha puesto de manifiesto con la subida salarial acumulada de los diputados de la Cámara madrileña. Los diputados han aprobado su aumento del 8,5 % en poco más de un año, con el respaldo de PP y PSOE y el rechazo de Más Madrid y Vox.

El sueldo base asciende ya a 3.883,02 euros brutos mensuales, a los que se suman complementos por portavocías, presidencias de comisión o pertenencia a la Mesa, de modo que algunos parlamentarios pueden superar los 5.900 euros al mes. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso queda fuera de estos incrementos manteniendo su salario anual congelado desde 2019.

La decisión ha sido defendida como una manera de «dignificar la política» y equiparar las retribuciones con otras cámaras autonómicas y el Congreso de los Diputados, pero ha desatado críticas en un contexto de salarios bajos y viviendas a precios desorbitados. Vox lo ha calificado de despilfarro y Más Madrid ha advertido de que «no se puede dignificar la política empezando por subirse el sueldo mientras la gente no llega a fin de mes».

La agenda internacional de la presidenta regional continuará previsiblemente hasta mayo de 2027. La atracción de inversión extranjera ha convertido a la Comunidad en un imán para inversores y también en un refugio para compradores extranjeros de vivienda. A la vez, alquilar una habitación también parece un lujo.