El Gobierno estudia la inconstitucionalidad de la ley balear que prohíbe los diésel

La ley fija que a partir del 1 de enero de 2025 no estará permitida la circulación de coches con motor diésel

La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de las Islas Baleares podría ser inconstitucional en varias de sus disposiciones, por lo que el Gobierno está presionando a las autoridades baleares, también de signo socialista, para que modifiquen partes del texto que fue publicado el pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de esta comunidad.

Hay que recordar que esta ley, que recibió el apoyo de la ministra Teresa Ribera, fue de inmediato denunciada por la asociacion española de fabricantes de automóviles Anfac ante la Comisión Europea por vulneración de la libertad de circulación de mercancías y del marco de homologación de vehículos a motor.

Y es que, estos son los dos principales errores que contiene el texto de la ley balear que establece, por ejemplo, que a partir del 1 de enero de 2035 quedará prohibida la circulación de todo tipo de vehículos que no sean de cero emisiones. También estipula que "se podrá limitar la entrada y circulación de vehículos susceptibles de producir emisiones". Y además fija que, a partir del 1 de enero de 2025 queda prohibida la circulación de cualquier tipo de vehículo con motor diésel.

Por todo ello, funcionarios de la Administración central consideran que el texto de la ley balear podría estar invadiendo competencias estatales de tráfico y circulación. Y por otra parte, el texto entra en confrontación directa con la legislación de la Unión Europea, ya que las disposiciones comunitarias indican expresamente que los Estados miembro y sus territorios no podrán impedir la libre circulación de los vehículos homologados para el conjunto de la UE.

Si el ejecutivo balear no se aviene a modificar los puntos antes señalados, que son los más importantes de la ley, el Gobierno podría verse obligado por la UE a presentar un recurso de inconstitucionalidad antes de que se hagan efectivas las prohibiciones que establece el texto de la ley insular.