Concapa rechaza la “intromisión” del Estado en el pin parental

El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), Víctor Escavy, ha rechazado hoy lo que considera una “intromisión” del Estado en la educación, al tiempo que respaldan la autorización que el gobierno regional llevará a cabo a través del denominado “pin parental”

Escavy asegura que “la educación empieza en casa y las familias tenemos el derecho de decidir qué contenidos morales y religiosos se imparten a nuestros hijos”.

La autorización familiar, según CONCAPA-Murcia, "otorga libertad a padres, madres y tutores legales de los alumnos para que puedan decidir en qué actividades complementarias pueden participar sus hijos, siempre que éstas sean impartidas por personal ajeno a los centros escolares".

Sobre la situación de los docentes, el representante de la organización hace hincapié en que “es innegable la función esencial de los profesores, pero cuando en las aulas entran personas ajenas al claustro del centro educativo, puede tratarse de personas que no son docentes y no están obligados a ser neutrales”.

Amparándose en la Constitución Española, Escavy recuerda que los padres “tienen derecho a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y que, por lo tanto, apoyarán cualquier medida que defienda la libertad de las familias”.

Unes dice que no vulnera la independencia de los docentes

Por su parte, la Unión de Jóvenes Estudiantes de la Región de Murcia ha defendido hoy “el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos”, como recoge la Constitución Española. “Los alumnos reciben la formación que el profesorado y el centro determinan dentro de currículum escolar, con la independencia que siempre han tenido”.

Como representantes de estudiantes, consideran que la medida adoptada por la Consejería de Educación, que pasa por solicitar una autorización familiar a la hora de que los alumnos acudan o no a una actividad complementaria impartida por personas ajenas a los centros educativos, “no vulnera esa independencia de los profesores y, además, respalda y defiende el derecho que tienen las familias a saber qué información o actividad se facilita a los alumnos”.*

“El problema radicaría en la prohibición de cualquier charla o actividad complementaria, extremo que no ocurre ni ocurrirá, ya que eso no es lo que defiende la medida de la autorización familiar”, concluyen.