Muralla Carlos III y muro administrativo

La Plataforma Virgen de la Caridad denunció la situación de abandono y el riesgo de derrumbamiento. Nadie tomó medidas.

Trece años de continuas denuncias ciudadanas sobre la situación de abandono que sufre la muralla Carlos III de Cartagena sin que nadie hiciera nada para su protección y restauración, a pesar de tratarse de un monumento catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Ahora, en plena crisis sanitaria por la propagación del coronavirus, se ha cumplido lo que la evidencia anunciaba y uno de los baluartes ha colapsado ayudado por las lluvias y el viento de los pasados días.

La última denuncia, dirigida al Ayuntamiento de la ciudad portuaria y a la Comunidad Autónoma, la interpuso la Plataforma Virgen de la Caridad el pasado 12 de julio de 2019. Antes se habían realizado cinco expedientes dirigidos a la Consejería de Cultura, sobre la situación del tramo caído y el lienzo de la muralla. El primero tiene fecha de 1997, los otros en 1998, 1999, 2017 y el realizado en 2019.

El de 2017 fue a instancias de un ciudadano que, a título particular, denunció el peligro que para los vehículos y viandantes presentaba el estado del Baluarte 9. En este caso la Comunidad reaccionó y cerró el expediente de denuncia.

La denuncia de 2019 promovió un informe de la DGBC en el que se deja constancia del lamentable estado de conservación de un monumento que es propiedad del Ministerio de Defensa, está utilizado por Navantia y cuya responsabilidad patrimonial recae en el Ministerio de Cultura. El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena tienen la obligación, otorgada en la Ley de Patrimonio de ocuparse de su protección.

Los técnicos patrimoniales, ya en julio de 2019 como publicó LA RAZÓN, recorrieron la muralla y señalaron la situación de abandono a la que estaba sometido. En el informe hacen hincapié en el “alarmante estado del baluarte que coincide con la entrada de vehículos a Navantia y constatan que en la Dirección General existen varios expedientes relacionados con el estado de conservación del mencionado baluarte que coincide con la puerta Santa Rosalía.

También hacen referencia a una comunicación del Ministerio de Defensa, realizada en 2018, en el que se informa de que iban a iniciar “obras urgentes de reparación para evitar daños a terceros”. Las obras se llevaron a cabo pero los técnicos inciden en que el monumento sigue en muy mal estado por lo que requieren que se insista a su propietario y al Ministerio de Cultura para que lo salvaguarden.

Pero además, en el expediente se constata que la cortina de la muralla del frene de Benipla “está atravesada por tubos con distintas funciones, hay crecimiento de vegetación, está recorrida por un cableado eléctrico y cajas para fibra óptica y pintadas en diferentes zonas”. Así mismo, se vierten aguas de las naves adosadas a la muralla por su zona interior y la piedra arenisca de las esquinas de los baluartes está muy alterada y “se ha intervenido con cemento sobre los sillares.

Hace ocho meses los técnicos resaltaron la necesidad de “actuar urgentemente sobre los baluartes del frente de Benipla que se encuentran en mal estado”. El martes de derrumbó y el miércoles el Ministerio de Defensa emite un comunicado en el que informa que se ha iniciado el procedimiento administrativo para iniciar las obras. Los miembros de la Plataforma Virgen de la Caridad recuerdan hoy que hace trece años se iniciaron las denuncias sin que ninguna administración haya hecho nada. “Se ha tenido que caer para que muevan algo”.

Y recuerdan que la Ley regional de Patrimonio obliga al Ayuntamiento a conservar proteger y promover la conservación el territorial y comunicar a la dirección general competente en materia de patrimonio cultural cualquier hecho o situación que ponga o pueda poner en peligro la integridad o perturbar la función social de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia, adoptando, en su caso, las medidas cautelares necesarias para su defensa y conservación, sin perjuicio de las competencias que expresamente se les atribuya por la presente Ley y de lo establecido en la normativa urbanística, medioambiental y demás normas que resulten de aplicación en materia de protección del patrimonio cultural. Nada se hizo.

Además denuncian que el propio Ministerio de Cultura se ha lavado las manos durante todo este tiempo y consideró que apuntalarlo y ponerle mallas paliaban el riesgo de derrumbe. El martes quedó constancia de que no era suficiente.