La patronal murciana considera “indignantes” las medidas adoptadas por el Gobierno

La patronal murciana Croem ha rechazado las medidas tomadas por el Gobierno central para frenar la expansión del coronavirus por y las ha considerado “indignantes” porque, según han señalado, “criminalizan al empresario e impiden la recuperación económica”. También hacen hincapié en que “vuleven a menospreciar el diálogo social”.

En su análisis de la situación, y tras conocer el anuncio del Gobierno central de endurecer las medidas del confinamiento y decretar el cierre de los sectores considerados “no esenciales” para la supervivencia y el abastecimiento, los empresarios consideran que estas medidas impedirán poner las bases de la necesaria recuperación económica de España, provocarán más desempleo y, lo que es peor, parecen tomadas a espaldas de la realidad que viven miles de empresarios y trabajadores en España por culpa de la pandemia.

Según Croem, el Gobierno plantea que las medidas aprobadas son temporales, y critica que la realidad de los que se vive ahora no es una situación coyuntural, sino que tendrá consecuencias seguramente irreparables para la actividad empresarial.

Las medidas más rechazadas por la patronal murciana son la prohibición del despido y la suspensión de los contratos temporales, a las que considera “insultantes y ofensivas”, al tiempo que defienden que “no tiene sentido plantear que, una vez se normalice la situación, se volverá a activar la temporalidad cuando, en muchas casos, no habrá ya actividad y, por lo tanto, no habrá empleo que salvaguardar”.

Consideran que el planteamiento es irreal y un ataque directo a la figura del empresario," a quien poco menos que se le acusa de querer utilizar un contexto sobrevenido, una crisis sanitaria que está matando a miles de personas en España, para despedir a trabajadores”.

A su juicio, "se trata de una amenaza más que un aviso para que la empresa no extinga un contrato temporal cuando la naturaleza de esta relación contractual marca claramente un principio y un fin con independencia de las circunstancias sobrevenidas".

Croem insiste en que estas medidas suponen una restricción para las empresas, “porque no es verdad que en todos los casos la situación sea temporal. Hay pedidos y trabajos que se van a perder necesariamente”,

Tampoco creen que se trate de un mero paréntesis de la economía "como pretenden hacer creer y además se obliga a las empresas a mantener empleos durante seis meses, cuando en muchos casos no va a ser posible”.