Sociedad
Denuncian a una peluquera canina por trabajar a puerta cerrada en Yecla
También se ha sancionado a la clienta y a un familiar, quienes se enfrentan a importes de denuncia que van de los 601 euros a los 30.000
La Policía Local de Yecla denunció este jueves a la dueña de un comercio de peluquería canina ubicado en un céntrica calle de la ciudad que estaba prestando su servicio a puerta cerrada para esquivar el confinamiento. Asimismo, los agentes denunciaron a un cliente que fue a recoger a su mascota y a un familiar de la propietaria que acudió a llevarle "unas cosas".
La propia policía tenía conocimiento, a través de los vecinos, que se estaba realizando este tipo de servicio que no está permitido por el real decreto que regula el estado de alarma.
Personados los agentes en el comercio comprobaron que estaban cortando el pelo a un perro y que lo intentaban hacer con comportamientos orientados a ocultar el trabajo. Los hechos derivaron finalmente en tres denuncias, en base a lo establecido en la Ley Protección de la Seguridad Ciudadana.
La primera de ellas a la autora y dueña del comercio, la segunda a un familiar de esta que en el momento de la inspección policial se personó para llevarle, según manifestó “unas cosas” y, la tercera, a la que no siendo dueña del perro fue a recogerlo una vez que había terminado con el corte de pelo y aseo del mismo.
La última denunciada, no siendo dueña del perro, había ido al comercio por indicación de la dueña que, según manifestó, era una persona mayor que estaba cuidando.
Este tipo de comportamientos "son los que más llaman la atención y más desasosiego producen por cuanto el riesgo se multiplica innecesariamente y de una forma exponencial entre todos los que interactúan", según la Policía Local.
Especialmente, el comportamiento de la última denunciada que estaba encargada del cuidado de una persona mayor y salió a la calle a cortar el pelo a un perro "para volver al domicilio donde cuida de una persona vulnerable".
Las denunciadas se enfrentan a importes de denuncia que van de los 601 euros a los 30.000. Será la Delegación de Gobierno la que a la vista de los hechos y circunstancias concurrentes tipifique el importe.
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